La Guardia Civil registra la sede de Fundació CatDem vinculada a CDC

La operación judicial ‘Petrum II’ por presunto delito contra la administración pública rastrea el despacho del administrador de la fundación y cuatro ayuntamientos catalanes

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La Guardia Civil registró ayer la sede de la fundación CatDem, vinculada con Convergència Democràtica de Catalunya, en Barcelona, informó el Tribunal Superior de Justicia catalán, dentro de una investigación vinculada con la corrupción.

La operación, coordinada por el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) y por la Fiscalía Anticorrupción, se enmarca dentro de un caso sobre el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Según informaron fuentes de la Guardia Civil, el registró es debido la sede por un presunto delito contra la administración pública.

Tras entrar en la sede de la fundación a primera hora de la mañana, la Guardia Civil acudió posteriormente a la sede de CDC para registrar el despacho del administrador de CatDem, Andreu Viloca, que es también gerente del CDC. Además, la Guardia Civil requirió documentación a los ayuntamientos gerundenses de Lloret de Mar y Figueres, y a los barceloneses de Sant Celoni y Sant Cugat, según varios medios. La Guardia Civil estuvio 20 minutos en el consistorio vallesano “para hacer fotocopias de un expediente” acompañados por el alcalde, Francesc Deulofeu, y un secretario.

Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda llegaron a primera hora del día a la sede de la Fundació CatDem, vinculada a CDC, para el registro. La búsqueda de la sede de la fundación vinculada a CDC lo realizó la Guardia Civil en una operación tutelada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y Fiscalía Anticorrupción, y poco después de la llegada de los fiscales lo hicieron más efectivos de la Guardia Civil con una decena de cajas.

Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sólo pudo confirmar que estaba habiendo registros, al estar las pesquisas bajo secreto de sumario dentro del llamado caso Petrum, que investiga presunta corrupción a nivel municipal en Cataluña.

La serie de registros causó un gran alboroto político ante la proximidad de las elecciones catalanas previstas para el 27 de septiembre. Aunque otros casos afectan a CDC durante periodos anteriores, como el caso de los Pujol o el caso ‘Palau’, los deseos soberanistas de Artur Mas siguen adelante tras la reclamación del partido de unas elecciones libres de situaciones no estrictamente políticas, acusando al Gobierno de ensuciar las elecciones.