La Audiencia respalda a Velasco en su decisión de liberar a Aranalde

La Sala de Gobierno del Juzgado considera correctas tanto la actuación del juez al imponer una fianza a la etarra fugada como la posterior de Garzón de solicitar su ingreso en prisión

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Una peligrosa terrorista se ha fugado por un cúmulo de errores, pero nadie quiere asumir su porción de culpa en los hechos. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se ha quitado el muerto de encima al considerar que tanto el juez Eloy Velasco- que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde tras ser extraditada por Francia y que posteriormente huyó- como Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de manera correcta.

Así lo consideró la institución en la reunión mantenida ayer en la sede del tribunal con la que «se da por enterada» del asunto, y tras la que acordó por unanimidad que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al Consejo General del Poder Judicial, «sin perjuicio ni invasión» de las competencias del órgano de gobierno de los jueces.

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, explicó que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a la terrorista por un delito de tenencia de explosivos, como la de Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en la cárcel, «son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los magistrados».

Juanes detalló los pasos seguidos por el primero de los letrados, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y recordó que la Fiscalía recurrió en un mismo auto la fianza y las medidas cautelares impuestas a Aranalde, solicitando que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial.

Ese recurso se registró en el Juzgado a las 13,40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el lunes sobre la una del mediodía y acordó su encarcelamiento.

Tras constatar la Policía que la terrorista estaba en paradero desconocido, el juez emitió una orden de busca y captura contra ella.

«No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso», subrayó Juanes, que insistió en que la Sala de Gobierno no es el órgano competente para enjuiciar las resoluciones de los dos magistrados, puesto que se han dictado en el ámbito competencial del juez.

Aranalde fue extraditada la semana pasada, pero solo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al comando Donosti, y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004, ya que Francia había extraviado la documentación de esta última causa. Esta pérdida impidió dictar la prisión contra la criminal a su llegada a España.

Para impedir casos como éste, la Audiencia propondrá al Gobierno que modifique la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega para que en vez de acordar las entregas de los terroristas por cada causa pendiente en los tribunales españoles, lo hagan por todos los procedimientos.

En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró «poco responsable» cuestionar o «poner en duda» la «magnífica» y «espléndida» colaboración de las autoridades francesas en la lucha contra ETA. Por su parte, el PP exigió al titular de Justicia, Francisco Caamaño, que investigue «si existe alguna responsabilidad» en la fuga de etarra.