José Ángel Prenda (i) y Alfonso Jesús Cabezuelo (d) durante el juicio. / EFE
Publicidad

Los cuatro miembros de La Manada acusados de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven en Pozoblanco (Córdoba) se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el juez admitió la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso.

Los cuatro acusados, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, para los que el fiscal solicita siete años de prisión para cada uno, se declararon inocentes y decidieron no responder las preguntas de ninguna de las partes.

El juicio sobre los miembros de la Manada, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Córdoba y que se prolongará en un principio hasta el jueves, comenzó dilucidando las cuestiones previas planteadas por las partes, principalmente en lo que se refiere a la validez de la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso.

En este sentido, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba resolvió rechazar la nulidad de dicha prueba, tal y como había solicitado el abogado defensor, al entender que, si bien es “ciertamente determinante” para el caso, no es la “única” que se practicará en el juicio.

Será durante las pruebas testificales de los propios acusados, que se negaron a declarar, y de los investigadores del caso cuando se podrá determinar si el vídeo se obtuvo “de forma ilícita” o la investigación “fue prospectiva o no”.

Por ello, el juez resolvió que dejará para el momento en que dicte la sentencia la determinación de la validez como prueba del vídeo encontrado en el móvil de uno de los acusados y que desveló la posible comisión de los delitos que se están juzgando.

Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Agustín Martínez Becerra, había solicitado previamente la suspensión del juicio al entender que se habían “vulnerado derechos fundamentales” al obtener el vídeo donde se aprecian los abusos.

El letrado manifestó que en la “búsqueda de la verdad no todo es lícito” y aseguró que “no se han respetado los derechos” de los acusados al no existir “autorización judicial” para investigar y analizar el teléfono móvil de los acusados, ya que “fueron ellos mismos los que los aportaron como prueba” al caso de los Sanfermines de 2016 en Pamplona.

Vulneraciones

También alegó la defensa que “no había denuncia” sobre los hechos de Pozoblanco, ya que “no se conocían” y que fueron los agentes policiales de Pamplona los que “buscaron a la víctima” para que “denunciara los hechos”.

La fiscal rechazó que se hayan vulnerado derechos fundamentales y argumentó que los propios acusados “dieron consentimiento” para inspeccionar y analizar sus dispositivos móviles y, por tanto, no era necesaria “la resolución judicial” para ello.

Añadió el fiscal que la defensa quiere “expulsar” del procedimiento la “pieza fundamental” para resolver los “hechos punitivos” y reiteró que “en ningún momento ha sido revocado por los acusados su consentimiento a inspeccionar sus móviles”.

En la misma línea, tanto la acusación particular como la popular se adhirieron a los argumentos del Ministerio Fiscal.

De esta forma, ambos expusieron en su turno de intervención que no se puede “mirar hacia otro lado ante el hallazgo de hechos delictivos”, mientras que han defendido que los investigadores “no hicieron un uso excesivo” de sus competencias al “investigar hechos” punibles.