Patricia Catalina, la abogada del abuelo de Sergio, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería. / EFE
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Una jueza de Almería ha acordado abrir diligencias previas contra Ana María B.L., la mujer de 38 años en prisión provisional por quitar la vida presuntamente a su hijo de siete años Sergio para investigar el supuesto “hostigamiento” al que sometió en los últimos meses a la familia paterna del menor, entre ellos su abuelo.

Ana María B.L. estaba citada ayer, ante el Juzgado de Instrucción 4 de la capital, como denunciada por un delito leve de coacciones tras la denuncia interpuesta por el abuelo de su hijo el 9 de mayo pero la magistrada María del Mar Cruz ha acordado transformar a diligencias previas después de que así lo interesara la acusación particular.

La abogada Patricia Catalina informó a los periodistas, una vez concluyó el trámite en la Ciudad de la Justicia, de que el objetivo es que practique toda la prueba necesaria para que se juzgue a la presunta asesina de su hijo por un delito de acoso “que lleve aparejada una pena de prisión y no se quede simplemente en multa por un delito leve”.

“La familia de Sergio realmente ha estado acosada por esta señora y esta familia necesita unas respuestas, necesita unas condenas y unos reproches penales que sean acordes a los delitos que ha cometido”, remarcó.

Miedo y psicopatía

A su lado, en todo momento estuvieron los dos hermanos del padre del niño, Sergio Fernández, y los abuelos paternos, Juan y Gádor, quienes calificaron de “terrible” el acoso al que les habría sometido Ana María B.L. y remarcaron el “miedo” que les hacía pasar tanto a ellos, como a su hijo y a su nieto. “Es una psicópata, pero mala, mala, que siempre ha querido hacernos daño donde más nos dolía hasta quitarnos a nuestro niño”, aseguró tajante la abuela del pequeño Sergio.

Ante los medios de comunicación, el abuelo paterno, Juan, detalló algunos episodios del supuesto acoso que se concretaba “en más de 150 llamadas a mi móvil en menos de dos horas” o en “que se colaba en nuestra casa de Alcolea, que es un pueblo pequeño en el que todos tenemos las puertas abiertas”.

Detalló que, en esas ocasiones “en las que se metía dentro de mi casa” o se subía al coche cuando íbamos a recoger al niño, “teníamos que llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que la echaran”.

“Venían y nos decían que no podían hacer nada, que cuando pasara, pues veríamos a ver. Por eso tuve que poner la denuncia el 9 de mayo, que fijense a qué fechas estamos, que era para que esto se hubiera movido de otra manera y tal vez no hubiéramos llegado a donde hemos llegado”, criticó.

Los fallos

Tras lamentar no poder haber visto a Ana María B.L. en sala “para ver si era capaz de aguantarme la mira después de lo que ha hecho”, Juan se pronunció sobre su estado mental y afirmó “que ella sabía perfectamente, en todo momento, lo que hacía”.

“Sabía lo que hacía y más, y se van a aportar pruebas en su momento porque ella solo es una persona mala, con mala leche”, afirmó, después de que haya trascendido que estuvo ingresada involuntariamente por orden judicial en una unidad de Salud Mental durante nueve días el pasado mes de julio.

El abuelo reiteró en este punto “los fallos” en el sistema pese a las continúas denuncias por la situación de “desamparo” que vivía el niño con su madre.

“Aquí ha fallado todo el mundo, todo el mundo, desde el más chico al más grande. No ha habido ayuda de ningún tipo, ni de servicios sociales, ni de la Guardia Civil ni de nadie. Todos se limitaban a escribir nuestras denuncias pero nadie, nadie, nadie se ha querido mojar”, espetó.

Tras asegurar que es “ahora cuando se va ver esto”, la abuela hizo referencia a la “insistencia” ante los Servicios Sociales para que fueran a ver al niño y criticó que “nos ponían excusas”.