El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (c), junto al presidente chipriota, Nicos Anastasiades (i), y el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov (d), durante la cumbre de los líderes de la Unión Europea (UE). EFE
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ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS

El 9 de junio del 2012 se producía el primer rescate a España. “Sui generis”, pero rescate. La Unión Europea ponía a disposición del gobierno 100.000 millones de euros en créditos para solventar el déficit patrimonial de determinadas cajas de ahorro. Al final, solo se utilizaron 41.333 millones de euros. No hubo entonces aplausos al muñidor de las negociaciones, el ministro Luis de Guindos. Más bien lo que se evidenciaron fueron las acusaciones de que aquello era un rescate en toda regla y parecido a los que habían experimentado países como Portugal, Irlanda o Grecia.

El gobierno de PP entró al trapo con facilidad sobre el alcance del concepto, cuando lo que importaba entonces, como importa ahora, eran las condiciones impuestas por Bruselas para el desembolso de un préstamo en condiciones favorables que permitía a España la reordenación del sistema financiero en lo tocante a las cajas de ahorro. La realidad fue que esas condiciones nada tenían que ver con las impuestas a los países con economía rescatada. Se recogieron en unas Recomendaciones (sic) que el Consejo Europeo realizaba al Reino de España relativas a un Plan Nacional de Reformas necesarias. Hablamos del 29 de mayo del 2013.

Hoy vuelven a la actualidad estas Recomendaciones (vuelvo al sic) porque van a ser las mismas que se les va a exigir al gobierno para la progresiva liberación de los 140.000 millones de euros aprobados en la madrugada del 21 de julio del 2020. Claro está que trasladadas a la realidad económica de siete años después y en aquello que no se haya cumplido todavía o cumplido a medias o que sea necesario volver a cumplir. Por ejemplo; todo lo relativo a la estabilidad presupuestaria (es decir, disminución del déficit, que va a conocer los dos dígitos) y a la minoración de la deuda se va a posponer a 2022 debido al esfuerzo que se necesita de las administraciones para incentivar una economía que ha sufrido un parón de la oferta y una contracción de la demanda.

Y a la Recomendación citada habrá que unirles otras aprobadas y remitidas con posterioridad , entre las que destaco la de 22 de mayo del 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas a adoptar por nuestro país, y la del 9 de julio del 2019. Quienes no obstante quieran profundizar en por dónde van a ir los tiros en los próximos meses, una vez que se empiecen a transferir las primeras cantidades económicas, no tiene más que leer el interesantísimo Informe que la Comisión publicó el 26 de febrero del 2020, dos meses después de que se firmara el pacto de gobierno PSOE-Podemos. Sobre todo recomiendo el capítulo sobre la reforma laboral.

Para evitar los sic continuos, es decir que las Recomendaciones se queden en eso, Holanda quería garantizarse con un veto en el Consejo los sucesivos desembolsos si no hubiera cumplimiento de tales condiciones y de otras nuevas a realizar. No lo ha conseguido, pero el Consejo se ha reservado el derecho a debatir y decidir por mayoría sobre los incumplimientos de los países beneficiados –sobre todo de Italia y España- y a cortar el grifo a la primera de cambio.

Valoración y PAC

¿Es positivo para España el acuerdo de los 140.000 millones euros? Por supuesto. Por la cantidad y por la rapidez en la respuesta. Es positivo para España y es positivo para la Unión Europea como proyecto común. Incluso para los mal llamados países frugales. Y en especial para Holanda, que ve acrecentados sus privilegios como paraíso fiscal y disminuida su contribución al presupuesto. Por primera vez en la historia se va a endeudar la UE para ayudar a países de su club con transferencias financieras en forma de préstamos y con subvenciones no retornables. Ahora hace falta que España haga lo mismo en lo que se refiere a proyectos empresariales, que no solo están necesitados de liquidez sino que empiezan a resentirse de disminución de solvencia por la crisis.

Pero es necesario ser claro: hay sectores que se van a ver perjudicados por el tenor del acuerdo. Entre ellos, el sector primario y los subsectores que de él cuelgan. La Política Agraria Común, de la que tanto dependen los agricultores franceses y españoles, se va a ver afectada en 32.000 millones de euros en el escenario de 7 años que comprende el marco financiero 2021-2027, que pasa de 1,1 billones a 1.07. Ello va a afectar en unos 4.600 millones de euros a los antiguos beneficiarios españoles y en ese espacio temporal, implicando a subsectores como el hortofrutícola o al olivar, hoy ya muy castigado por las restricciones americanas.

Condiciones y reformas

¿Por dónde van a ir las reformas? Lo primero, por no tocar la reforma laboral del 2012. La ministra Báñez impulsó el reajuste del mercado laboral seis meses antes de que se produjera el rescate bancario, pero se hacía eco de lo repetidamente aconsejado por Europa, cuya Comisión –no hay más que leer el Informe de febrero del 2020 antes citado- incluso incide en un paso más en la flexibilización y ordenación de los contratos de trabajo y en la reforma del sistema estatal de ayuda al desempleo. No han sido pocas las veces que ha insistido en la urgente solución del paro juvenil, cuya tasa en España es escandalosa: un 33%, superando ya a Grecia.

El segundo punto será establecer un factor de sostenibilidad en el sistema público de pensiones, una de las cuestiones todavía pendiente, y de cuyo acuerdo se salió Podemos en febrero del 2019, no lográndose por ello la reedición del Pacto de Toledo. Por supuesto que otra medida será ir ajustando la edad de jubilación a las expectativas reales de vida.

Y el tercer punto vendrá configurado por la reforma del sistema tributario. Hay que tener en cuenta que a raíz del acuerdo proyectos como la Tasa Tobin o la Tasa Google quedan sustraídos al escenario europeo. Es cierto que no tienen fuerte carácter recaudatorio, pero habrá que poner el foco en otras figuras impositivas. Y todo apunta a dos, las que mayor poder de ingreso tienen: IVA e IRPF. Europa no ve con buenos ojos los tipos reducidos españoles del primero de los tributos, que seguramente experimenten junto con el tipo general una considerable subida. Tanto como una remodelación de la estructura de tipos en la Renta. En febrero del 2014, una Comisión de Expertos entregó al entonces ministro de Hacienda un Informe completísimo que todavía hoy se puede consultar en las páginas del Ministerio. Posiblemente se desempolve.

Y claro, queda el control presupuestario y la eficiencia del gasto público, aunque, como decíamos al principio, la contención fiscal y la disminución de la deuda se dejan para más adelante. Pero no se olvidan.

Aplausos para Sánchez. Y sonrisa de Calviño. ¿Sabe el vicepresidente Iglesias lo que se le viene encima o está hecho de plastilina? Tenemos más recursos financieros pero somos menos soberanos. A lo mejor incluso la economía española lo agradece.