La Justicia paraliza la exhumación de Franco ante la falta de garantías

Un juzgado de Madrid estima que no hay razones de urgencia que justifiquen el plan • El Gobierno dice que el expediente sigue su curso

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, porque entiende que no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.

En un auto contra el que no cabe recurso, el juez se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual “falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”.

Tramitación

“Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos”, expone.

Para el juez José Yusty Basterreche, “no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse” de que levantar una losa de piedra de mármol de 2.000 kilos de peso “es de por sí algo complicado”.

“En el caso de autos no se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años”, recuerda el titular del Contencioso Administrativo número 3 de Madrid.

Por su parte, el Gobierno subrayó que el expediente para el desenterramiento del dictador sigue su curso. Ese expediente, impulsado por el Consejo de Ministros, “continúa su tramitación con absoluta normalidad” dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.

“Estamos convencidos —señalan fuentes de presidencia del Gobierno— de que tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo”.