La Fiscalía dice que la principal amenaza del ámbito de ETA llega ahora desde los colectivos juveniles radicales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que “el principal vector de amenaza” en el ámbito del de ETA llega ahora desde los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el entramado del independentismo radical vasco, y pone el foco en que los colectivos juveniles son “especialmente activos”. Así consta en la Memoria de la Fiscalía de 2022, recogida por Europa Press, que destaca que los principales referentes son el Movimiento pro-Amnistía y contra la Represión, y Amnistía ta Askatasuna (ATA). Subraya que éstos tienen como denominador común la reivindicación de “la amnistía sin condiciones” para todos los presos de ETA así como el regreso de los que denominan ‘refugiados'.

Pero la Fiscalía quita peso a la capacidad operativa de estos movimientos, la califica de “reducida”, porque no poseen una estructura organizativa estable, carecen de infraestructuras propias y hacen uso de locales de otros colectivos, además de que su sistema de financiación es “bastante precario”. Más allá del análisis de la amenaza, contabiliza un total de 55 detenciones en España relacionadas con el independentismo radical vasco en 2022, de las que 39 fueron por desórdenes públicos y 14 por agresiones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Destacan Álava con 38 y Navarra con 15. Además, apunta que la coordinación con Francia ha seguido dando frutos y ha permitido la entrega temporal de 2 etarras y la definitiva de 4.

ENALTECIMIENTO

Capítulo aparte le dedica, y en varios de los items de la memoria, a la figura del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Destaca un ‘ongi etorri' (acto de recibimiento a presos de ETA) celebrado el 13 de marzo en el frontón público de Berango (Vizcaya) por el etarra Ibai Aginaga y por el que declararon en la AN tres de los organizadores.

Lamenta la Fiscalía que este delito, dada la disolución y desarticulación de los diferentes grupos terroristas (incluido ETA) “ha devenido en un delito de casi imposible condena ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo, aun abstracto, de la comisión de ilícitos penales a consecuencia de la acción enaltecedora y que, además, sea abarcado el mismo por el dolo del autor”. Esta conclusión, matiza la Fiscalía dirigida por Jesús Alonso, alberga una excepción, la del yihadismo. Esto es así porque el enaltecimiento “es de más fácil prueba y condena” en ese caso porque se monitorizan las redes sociales.

Sobre los asuntos que pudieran recalar en la AN fruto de acciones relacionadas con el independentismo catalán, que en la memoria se denomina como ‘movimiento violento independentista catalán', la Fiscalía apunta que en 2022 ha habido “una disminución de las acciones de sabotaje debido, principalmente, al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones”.

Resalta que esta pérdida de iniciativa por parte de grupos violentos catalanes viene motivada en parte por la acción de la (recuerda el procesamiento de los miembros de los CDR) que “ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada ‘Antirrepresión”. A pesar de esa caída en la actividad, el Ministerio Público contabiliza en 2022 hasta 11 acciones violentas catalogadas como daños e incitación al odio y 8 de desobediencia.

ECOLOGISMO RADICAL

La Fiscalía pone el foco también en la amenaza actual que supone el ecologismo radical, y subraya que estos colectivos “han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado” que ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía. Cita por ejemplo las acciones llevadas a cabo en diferentes museos y valora que no han sido bien acogidas “siendo numerosas las críticas recibidas”.

En este campo, indica que aunque al inicio fue Extinction Rebellion (XR) y sus grupos satélites quienes realizaban estas actividades, “ahora es Futuro Vegetal quien están acaparando las acciones, especialmente en el marco de su campaña contra el sector cárnico. Y prevé que esos actos se incrementen “al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.
terrorismo islamista

La memoria de la Fiscalía repasa otros tipos de terrorismo que son competencia de la Audiencia Nacional y se para en el terrorismo internacional islamista para apuntar que en 2022 hubo 36 detenidos en 17 operaciones/investigaciones. Señala que, hoy por hoy, se da una “ausencia de un liderazgo carismático” en las dos organizaciones yihadistas de referencia: Al Qaeda y el Estado Islámico (DAESH), y que hay un protagonismo mediático y operativo que gradualmente van consolidando las filiales de DAESH en Afganistán, África Central y Mozambique, así como la de Al Qaeda en Somalia.

En este contexto, apunta, el análisis de la actividad delictiva desarrollada por los arrestados por yihadismo en nuestro país “evidencia una casuística en la que predominan las redes logísticas de apoyo (fundamentalmente DAESH) en los ámbitos de financiación y, principalmente, de captación, adoctrinamiento y reclutamiento, tanto en entornos físicos como virtuales”.Por regiones, señala que Cataluña se configura como primer escenario en el que se han practicado detenciones seguida de Madrid, Valencia, Andalucía, Melilla, País Vasco y Ceuta.

OTROS

Sobre la organización terrorista de corte comunista GRAPO, se indica que en el año2022 su situación se ha mantenido “en un estado de extrema debilidad” y que sus acciones se han limitado “al campo del proselitismo y la captación de nuevos militantes, principalmente dentro del entorno anarquista y de la extrema izquierda radical u okupa”. Idéntico análisis hace del independentismo violento radical gallego, recordando que en 2022 no se han registrado acciones terroristas por parte de Resistencia Galega (RG) y esto gracias “a la labor policial y judicial desarrollada durante años que conllevó a una importante merma en sus estructuras operativas”.

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