La Fiscalía asegura que hubo una estrategia para obstaculizar al auditor

La finalidad era dilatar el afloramiento de unos deterioros latentes y evitar que fueran objeto de registro las cuentas de marzo de 2012

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La fiscal Carmen Launa durante su intervención en el Caso Bankia. / Efe
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La Fiscalía Anticorrupción asegura que en el grupo BFA-Bankia hubo una estrategia interna para obstaculizar la labor del auditor externo y que no aflorasen determinados deterioros en las cuentas del ejercicio 2011.

La fiscal Carmen Launa continuó exponiendo los motivos por los que añadió a su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia el delito de falsedad contable, centrándose este martes en las cuentas del ejercicio 2011 formuladas en marzo de 2012 y que fueron objeto de reformulación dos meses después. Estas cuentas fueron presentadas por el exinterventor general Sergio Durá ante los consejos de administración de BFA y Bankia y los miembros de sus comités de auditoría y cumplimiento.

Según Launa, Durá coordinó, junto con el director de auditoría interna Miguel Ángel Soria, la obstaculización de la labor de auditoría para retrasar la aportación de información requerida por el auditor externo Francisco Celma y dilatar así el afloramiento de unos deterioros latentes desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al grupo BFA-Bankia “que conocían perfectamente” para que no fueran objeto de registro en las cuentas formuladas en marzo de 2012.

Esto provocó que, tras la reformulación, que las pérdidas consolidadas de BFA en 2011 pasasen de 30 millones a 4.952 millones de euros, y que el beneficio de 309 millones de Bankia se convirtiese en pérdidas de 2.979 millones de euros.

La fiscal relató que había una necesidad de provisiones a 31 de diciembre de 2011 de 1.484 millones de euros en Bankia y 700 millones en BFA. Durante su testimonio, el inspector José Antonio Delgado comentó que el interventor general reconoció durante una reunión que “habían detectado esta situación” y que además los inspectores del Banco de España les trasladaban en reuniones semanales que había un déficit de 2.000 millones de euros, por lo que “eran conocedores” y pedían que se reconociese parcialmente y a lo largo del tiempo, de manera fraccionada.

Finalmente, estos deterioros no fueron incluidos en las cuentas de 2011 formuladas en marzo de 2012, sino que se recogieron en la reformulación de mayo. “53.123 activos adjudicados de 294 participadas no se deterioran súbitamente en unos días de diciembre de 2011, los deterioros eran previos”, sostuvo la fiscal.

RECURSOS INTELECTUALES

Durante su exposición, Launa recordó que los miembros del comité de auditoría tienen la exigencia de contar con experiencia técnica en gestión de riesgos y que entre sus labores se encuentran la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera de forma regulada, la revisión de las cuentas de sociedad, la garantía de cumplimiento de los requerimientos legales y las relaciones con la auditoría externa.

El socio auditor de Deloitte Francisco Celma, en una reunión celebrada el 18 de octubre de 2011, expuso al comité de auditoría y cumplimiento de BFA la necesidad de contar con la valoración de un experto independiente y de actualizar las tasaciones inmobiliarias y ajustarlas a las normas del Banco de España.

“Entendemos acreditado que los miembros del comité de auditoría y cumplimiento, en ese momento, tenían perfecto conocimiento de las actuaciones que tenían que ser realizadas en el marco de la auditoría sobre lo que se había puesto de manifiesto, que había problemas en la entidad que implicaban ajustes de deterioros de una importancia cuantitativa cuestionable”, afirmó Launa, quien recordó que se trataba del comité de la cuarta entidad financiera de España, con lo que les asume “recursos intelectuales más que suficientes para comprender perfectamente las detalladas explicaciones que les fueron expuestas por el auditor”.

Lo mismo se aplica al comité de auditoría y cumplimiento de Bankia, que se reunió al día siguiente y en el que cada miembro recibió una copia del trabajo que Celma había exhibido. A dos días de la reformulación de las cuentas de mayo, el auditor todavía no había recibido la información requerida en octubre.
Las cuentas formuladas en marzo de 2012 fueron firmadas por los consejeros, pero no se entregaron al auditor externo, como tampoco lo hizo la carta de manifestaciones, lo que impidió la emisión del informe de auditoría por parte de Deloitte.

“Por tanto, en la sesión del consejo del 28 de marzo de 2012, Rato, Norniella, Acebes, Bedía, Pellicer, García Fuster y Rojo procedieron a la formulación de cuentas individuales y consolidadas del grupo BFA de 2011 con el perfecto conocimiento de que las mismas no reflejaban la imagen fiel de la entidad, al no reflejar los importantes ajustes derivados de los activos fiscales y de las deficiencias en la valoración de activos inmobiliarios. Estas personas indujeron a error a los restantes consejeros al omitir aquella información”, sentenció la fiscal.

La fiscal considera que los numerosos correos que Celma o miembros de Deloitte dirigieron al interventor general, al director de auditoría interna y al presidente del comité de auditoría de Bankia entre diciembre de 2011 y abril de 2012 ponen de manifiesto la “carrera de obstáculos” a la que se enfrentó el auditor.