Jueces y abogados ven «ilegal» que Vic no empadrone a los ‘sin papeles’

La clase política se posiciona en contra de la intención del Consistorio de no inscribir en el municipio a personas irregulares, negándoles así derechos como la educación o la sanidad

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El Ayuntamiento de Vic va camino de convertirse en un referente de las reivindicaciones xenófobas. De hecho, pocas veces una decisión política ha aglutinado un rechazo tan unánime como la intención de este Consistorio de no empadronar a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España.

Jueces, abogados, partidos e instituciones coincidieron ayer en rechazar esta medida que se pretende instaurar en la localidad barcelonesa después de que sea votada en el pleno municipal del próximo 4 de febrero. El equipo de gobierno, formado por CiU, ERC y PSC y encabezado por el alcalde convergente, Josep María Vila d’Abadal, reiteró el miércoles su apoyo a la iniciativa.

Las asociaciones de magistrados sostuvieron que dejar de empadronar a los sin papeles por el hecho de serlo es «ilegal». El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, explicó que «con independencia de que se use una norma y que, por tanto, haya una base», la lectura que se hace de la ley «conduce a una restricción de los derechos de unas personas» y, por tanto, «es contraria a derecho».

Marcelino Sexmero, de la agrupación Francisco de Vitoria, recordó que «la legislación obliga a empadronar a cualquier persona residente física en un municipio, simplemente con acreditar domicilio en el mismo y el hecho de que se encuentre en situación irregular no implica que quede excluido».

En esta misma línea, el Consejo General de la Abogacía Española denunció que la decisión del Consistorio catalán vulnera los derechos de los extranjeros y puede llegar a infringir «algún precepto de la legislación penal».

Así lo determinaron los expertos de la Subcomisión de Extranjería del organismo, que sostuvieron que, según la normativa vigente, «ninguna ley exige al extranjero el probar que su residencia en España es regular».

Los letrados recordaron además que «la competencia policial de los inmigrantes no corresponde a los ayuntamientos». La subcomisión cita la Ley de Bases de Régimen Local, reformada en 1996, que obliga a «toda persona que viva en territorio nacional» a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, momento en el que adquirirá la condición de vecino del mismo.

Ante el peligroso precedente que podría acarrear la iniciativa de Vic, las formaciones políticas se han puesto de acuerdo por una vez para censurar la medida. Así, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ser contrario a este plan «primero por una razón elemental, que la ley se cumple» y, en segundo lugar, porque es «un disparate». «Soy el encargado de combatir la inmigración ilegal y lo hago, consistentemente y a veces con conflictos y es verdad que sacamos muchos irregulares, los repatriamos, pero negarle la sanidad o la educación a los hijos me parece un disparate y una barbaridad», sentenció el ministro.

Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que las actuaciones del Consistorio de Vic tienen «detrás» una «intención xenófoba».