El Ministerio del Interior prevé que el bloqueo actual del llamado proceso de paz conduzca a la «vuelta a la actividad armada» de ETA, según explicó ayer el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista en el juicio por amenazas contra Juan José Ibaceta, exasesor del alcalde de San Sebastián. No obstante, fuentes de la lucha antiterrorista indicaron que las Fuerzas de Seguridad del Estado no han trasladado al departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ningún documento que concluya de forma expresa que la banda criminal volverá a matar.
El representante del Ministerio Público, que justificó la protección de tres testigos en la causa contra Ibaceta por la posible amenaza de ETA, advirtió de que el Gobierno maneja informes según los cuales el fracaso de las negociaciones con España y Francia «van a llevar a una ruptura o a una escisión de la organización criminal y a una vuelta a la actividad armada».
De hecho, los expertos en lucha antiterrorista de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia no descartan por completo que pueda darse esta situación en el futuro, ya que recuerdan que siempre puede darse el caso de uno o varios incontrolados que rompiesen la disciplina de la banda y eligiera la senda de la violencia.
El origen de la alarma de la posible ruptura del cese definitivo de la lucha armada fue el comunicado emitido por la banda el pasado 26 de marzo, el primero tras conocerse la expulsión de la cúpula etarra de Noruega donde habían permanecido durante meses esperando una negociación con el Gobierno que nunca llegó a producirse. En aquel documento, ETA advertía de las «consecuencias negativas» que esto podría tener en el proceso. Además, los terroristas acusaban al Ejecutivo de haber «dejado morir el espacio de diálogo» y añadían que «las posibilidades de aportaciones constructivas que se estaban estudiando están en el aire».
Los investigadores consultados en aquel momento admitieron que no esperaban ese comunicado y recordaron que la banda terrorista ya ha usado en el pasado expresiones similares cuando ha querido romper alguna fase de su alto el fuego.
Precisamente, el fiscal Bautista se refirió a ese documento para decir que «lo que se resalta es que se trata de un proceso bilateral que está orientado a cesiones mutuas y que en caso de que éstas no se produzcan, se llegará a una fase de bloqueo, que es en la que se está ahora, y así lo ha reconocido la organización terrorista y los informes que actualmente maneja el Ministerio del Interior».
En aquel comunicado, ETA finalizaba asegurando que «seguirá trabajando para construir la resolución definitiva y mantendrá activa la delegación designada en su momento (para una negociación). «No nos rendiremos ante las dificultades, porque Euskal Herria merece y necesita la paz y la libertad», zanjaba.
Apenas unos días antes de que se hiciera pública esa nota de la banda, la Oficina Europea de Policía (Europol) ya informó del riesgo de que los «sectores más radicales» de la organización reanuden sus «actividades terroristas» si no lograban sus objetivos políticos.«ETA ha reafirmado que no se desmantelará y se cree que el grupo mantiene sus actividades logísticas y continúa funcionando como una organización clandestina», aseguraba el informe.
A pesar de que la banda no cometió ningún atentado en 2012, la Europol alertaba de que el número de ataques de violencia callejera perpetrados por miembros de la organización ilegal y «asociada a ETA» Segi «aumentaron».
El problema de los presos
Por otro lado, el presidente del PP de Guipúzcoa y nuevo portavoz parlamentario, Borja Sémper, señaló que los presos de ETA son «un problema» de la banda terrorista y de la izquierda abertzale, «no de los vascos». Asimismo, recordó que desde el momento en que «la banda criminal dejó de asesinar ya hay paz», por lo que no se está ante un proceso de paz.
«Vivimos en un estado de derecho y quien pega un tiro en la nuca tiene que pagar con cárcel. ETA nos debe una disculpa, no somos nosotros quienes debe dar las gracias. No nos podemos dejar enredar», defendió.
