Haidar rechaza toda ayuda médica y el juez no se la impondrá por ahora

La activista saharaui, que ayer entró en su cuarta semana de ayuno, mantiene incólume su postura y exige regresar a El Aaiún, mientras el Ejecutivo sigue sin saber qué hacer con ella

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Para terminar de embarullar una situación que se antoja tan irresoluble como lo son casi todas en las que las posturas maximalistas se vinculan a conceptos como la libertad y la dignidad de todo un pueblo, el juez de Arrecife Jerónimo Alonso, a quien cayó en suerte el caso, rechazó ayer la hospitalización forzosa a la saharaui Aminatu Haidar, e incluso someterla a cualquier tratamiento médico en contra de la voluntad de la activista, que horas antes había dejado meridianamente claro que, pese a que ayer entró en su cuarta semana de huelga de hambre, que no admite ningún tipo de asistencia.

Después de que el domingo una comisión judicial acudiera al aeropuerto de Lanzarote, donde la Ghandi saharaui se encuentra desde que fuera expulsada de El Aaiún, para comprobar su estado de salud, Haidar declinó ser sometida a cualquier atención de los galenos, incluido Martín de Guzmán, quien, de forma voluntaria, la ha estado visitando desde el inicio de su protesta.

«El juez me ha empujado a tomar la decisión de renunciar a toda atención médica», manifestó Haidar en un comunicado dado a conocer justo después de que se anunciara que el juez tenía previsto mandar a otro facultativo para comprobar su estado, ya que hay informes contradictorios sobre los efectos en su salud del prolongado ayuno. Con todo, finalmente, el togado decidió que no hay lugar al «traslado forzoso de la activista a un centro hospitalario para que se valore su estado de salud o para que sea sometida a tratamiento médico contra su voluntad».

Ahora, ante el conflicto de intereses entre lo jurídico y lo humanitario, puesto que, si bien la ley prevé mecanismos para que no se permita morir a Haidar, la deontología médica veta toda imposición al paciente, el Gobierno anunció que su proceder se adecuará solo al ordenamiento jurídico, porque no va a permitir que una persona «se muera por falta de alimentación», tal y como explicaba ayer el ministro de Fomento, José Blanco.

Mientras tanto, sin que se sepa exactamente en qué consisten sus desvelos, el Ejecutivo insistió en que continúa trabajando «intensamente» a través de múltiples contactos y gestiones diplomáticas para conseguir una solución aceptable a la situación de Haidar, por más que su única e innegociable petición sea que se la devuelva a la ciudad saharaui de El Aaiún sin más trámite ni requisito legal y de manera inmediata, algo que no acepta Marruecos. Cabe recordar que España le ha ofrecido a Haidar permanecer en Canarias como refugiada, e incluso concederle el pasaporte, mientras Rabat anunció que, si se aviene a pedir perdón a Mohamed VI y se declara súbdita marroquí, también le facilitaría la misma documentación, ofertas todas ellas rechazadas por la activista.

Para completar el intrincado panorama, el Frente Polisario, a cuyas órdenes actuaría Haidar según Rabat, lanzó un llamamiento a la UE para que lleve a cabo una acción «inmediata y urgente» para salvar la vida de la activista, y denunció el clima de «terror y de represión» que ejerce el Estado marroquí en los territorios «ilegalmente ocupados» del Sáhara.