Granados seguirá en prisión por miedo a una posible huida y destrucción de pruebas

La Audiencia Nacional rechaza el recurso de apelación para que abandone la cárcel y asegura que se llevó a cabo una detención legal.

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La Audiencia Nacional confirmó la situación de prisión provisional incondicional del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, imputado en la causa en la que se investiga la red de corrupción ‘Púnica’, al considerar que, si saliera de la cárcel, podría planificar una “eventual huida” o intentar “destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba”.

En un auto dictado en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza un recurso de apelación contra el auto de prisión que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 31 de octubre y considera “incierto a todas luces” que el magistrado vulnerara los derechos del detenido por los plazos en que fue puesto a disposición judicial, como argumentó su defensa, ejercida por el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina.

Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel destacan en su resolución que Granados, que fue detenido el pasado 27 de octubre, está imputado por formar parte de “una organización criminal” que “dota a sus componentes de cuantiosos medios económicos, potenciales ayudas que puede obtener el recurrente en la planificación de una eventual huida”.

El auto también destaca que resulta “muy probable” que en el actual momento de la instrucción, que se encuentra secreta por la existencia de “operaciones investigadas con ramificaciones en paraísos fiscales”, el exnúmero dos del PP madrileño “intentara destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba por su capacidad de interferencia e influencia sobre otros imputados, testigos o peritos”.

En relación con la detención de Francisco Granados, los magistrados sostienen que el juez instructor respetó todos los plazos establecidos por la ley porque las primeras 48 horas fue detenido por orden de la Guardia Civil y después la autoridad judicial regularizó su situación hasta que se produjo su toma de declaración.

Horas antes de comparecer ante el juez Velasco, el pasado 31 de octubre, la defensa pidió su “inmediata puesta en libertad” a través del procedimiento del ‘habeas corpus’, al considerar “ilegal” la prórroga de 72 horas que el magistrado había dictado tras el primer plazo de 48 horas desde su detención.