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La misión 65 del Open Arms, la “tercera de la desobediencia” desde que el Gobierno le prohibió retomar la búsqueda activa de pateras, está evidenciando el tira y afloja de esta ONG y el Ejecutivo que ahora ha agravado Italia, mientras más de cien personas exhaustas esperan poder pisar tierra.

Una misión que arrancó a finales de julio y que el 1 de agosto ejecutó su primer rescate pese a la amenaza que pesaba sobre el buque de que podría ser multado con 900.000 euros si quebrantaba la orden. Ese día auxilió a 52 personas, entre ellas 16 mujeres y 2 bebés.

La ONG empezaba así su tercera “misión de la desobediencia”, según definió su fundador, Óscar Camps, desde que en abril le fuera permitido volver a zarpar tras cien días de bloqueo en el puerto de Barcelona pero solo para transportar ayuda humanitaria, no para recuperar las tareas de salvamento en el Mediterráneo.

Y con ese rescate, al que siguió otro de 68 personas más un día después, comenzaba así una búsqueda de un puerto seguro que aún no ha acabado, ya que tanto Italia como Malta, los más próximos, le han negado reiteradamente el desembarco.

Ese mismo 2 de agosto, desde el Gobierno, la portavoz, Isabel Celáa, lanzaba un aviso a la ONG catalana: “Esperamos desde el Gobierno que esté actuando de acuerdo a los convenios internacionales y la normativa nacional que le es de aplicación”.

Vetos y repartos

Lo hacía después de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, comunicara su negativa a la ONG, a la que prohibió entrar en aguas territoriales bajo la amenaza de multas millonarias, un veto que fue levantado el pasado martes por un tribunal administrativo de aquel país.

Desde el comienzo de esta última crisis del Open Arms, la postura que ha mantenido España es que corresponde a Italia atender a los inmigrantes por tratarse del país con los puertos seguros más cercanos, instando en todo caso a la responsabilidad e implicación de la UE.

También desde la ONG han apelado hasta la saciedad a los responsables europeos y, de hecho, Óscar Camps ha mantenido contactos con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron; sin embargo, según el director de Proactiva, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le ha negado hasta tres veces un encuentro.

No fue hasta el pasado día 15 cuando la UE por fin activó el mecanismo de reparto de los inmigrantes del Open Arms, que acordaron distribuirse en Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, Luxemburgo y también España.

Pese a ello, el candado de Salvini a sus puertos ha permanecido cerrado aunque el buque lleva fondeando a pocos metros de la isla italiana de Lampedusa desde el viernes tras romper la prohibición de Salvini de entrar en sus aguas.

Ante esta situación, el Gobierno ofreció el domingo por primera vez un puerto al Open Arms, el de Algeciras. Era la primera vez que Sánchez se pronunciaba sobre este asunto desde que se desencadenó la crisis.

“España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la UE”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

La solución de Algeciras fue criticada por todos menos por la Comisión Europea y por Salvini, que en las redes sociales dejó este mensaje: “España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue”.

Alternativas

Porque esta alternativa fue rechazada por la propia ONG por considerar “inviable” someter a los 107 inmigrantes que quedan a bordo tras seis evacuaciones de emergencia y el desembarco de los menores no acompañados a una travesía de otros cinco días.

Ante esta respuesta, el Gobierno propuso como alternativa los puertos más cercanos, de forma que ha acordado con el Govern balear poner sobre la mesa los de Palma y Mahón; de momento, la última propuesta de Open Arms es que estas personas sean transferidas a Catania (Sicilia) y de ahí trasladadas en avión a España.

Mientras la cuerda entre ONG y Ejecutivo sigue tensándose, también lo hace la presión con Italia: el domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores amenazó a sus responsables con “actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional”.

Y ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, instó a la CE a tomar una decisión sobre Italia por “saltarse las leyes” y mantener los puertos cerrados.