El Gobierno anulará un impuesto para abaratar la factura de la luz

El PP celebra el fin de la tasa del 7% a la generación eléctrica que instauró Rajoy • Ribera anuncia una mejora del bono social eléctrico y la creación de uno nuevo para calefacción

81
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ayer en el Congreso.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ayer en el Congreso. / EFE
Publicidad

El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del 7% “es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura en un momento en que no puede ser el consumidor quien cargue con el peso”.

La ministra anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en “las próximas semanas” para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción.

Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran inmersos en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre, que llevó ayer mismo a marcar un nuevo máximo en el mercado mayorista (75,93 euros por MWh).

Propuesta del PP

Esta medida de bajar el impuesto del 7% a la generación eléctrica al 0% temporalmente podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había registrado una proposición de ley en el Congreso para suprimir el impuesto creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

“Queremos que la apoyen y nos llamen a una mesa para intentar buscar una solución a una dificultad que, en ningún caso, puede resolverse sin escuchar a la principal fuerza de esta Cámara”, dijo el portavoz adjunto de los populares Guillermo Mariscal.

Ribera, por su parte, subrayó la “clara voluntad” del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

La ministra consideró que el sistema actual del mercado eléctrico “no emite las señales adecuadas”, conviviendo “lo viejo y lo nuevo” y mostrando “el inmenso coste” de las tecnologías fósiles, por lo que “se debe de actuar”.

Dentro de estas medidas para recuperar el “impacto positivo” que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgentes para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como ‘PPA’, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.

Autoconsumo

Sobre el autoconsumo, y en especial el compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento.

Por otra parte, Ribera anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.

Además, señaló que se propondrá medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética.