El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. /
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. / eFE
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto, introduce cinco nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Así lo informó ayer en rueda de prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien justificó esta decisión porque existe “una demanda social”, al tiempo que descartó que el Ejecutivo esté legislando “en caliente”.

El ministro recordó que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue “prudente” y limitó su aplicación a ocho supuestos —asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad—.

Avales

Ahora, el Gobierno opina que, además de los “avales jurídicos y legales”, tiene el “principal aval”, que es la “voluntad de los ciudadanos”. “En las encuestas, la opinión pública reiteradamente ha puesto de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves”, explicó, al tiempo que remarcó que en este apoyo hay una “cierta identidad ideológica de los votantes” de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Además, recordó que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico, con gobiernos de distinto color político. “Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión”, manifestó a los medios.

“Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, apuntó Catalá, quien insistió varias veces en que los nuevos supuestos son “casos muy singulares y extraordinarios”.
A la pregunta de si ve posible aprobar el proyecto de ley, ya que otros partidos han mostrado sus reservas sobre este asunto, el ministro se ha limitado a señalar que ya se verá lo que sucede durante la tramitación parlamentaria, pero ha vuelto a recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal.