Génova le dice basta a Camps

El PP obliga al presidente valenciano a retirar la propuesta de censura a cuatro televisiones.

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Quien tuviera alguna duda sobre la falta de sintonía entre el PP valenciano y Génova, seguro que, desde ayer, se le habrá evaporado. Y es que la dirección nacional tuvo que llamar al orden al equipo del president Camps, que sigue hospitalizado por una operación de hernia discal, y obligarle a que retirara el intento de veto a cuatro televisiones (Cuatro, Telecinco, La Sexta y RTVE), ya que pretendía que en sus informativos no se hablara de la inclusión de imputados en sus listas. Así, la polémica reclamación fechada el pasado lunes pasa a mejor vida.

Según informaron fuentes populares, la formación adoptó esta decisión porque «antepone la libertad de expresión a reclamaciones jurídicas». Para salir del embrollo, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, quiso matizar que la queja planteada ante la Junta Electoral era una cuestión «estrictamente jurídica».

Igualmente, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, garantizó que para el Gobierno valenciano es «indiscutible» el respeto a la libertad de prensa y de expresión «sin margen de duda».

Desde luego, el margen se lo quitó de raíz la dirección nacional, ya que sorprende la vertiginosa marcha atrás que, desde la Capital del Turia, se ha dado.

Quizás, por aquello de la imagen, minutos antes de que esto se produjera, la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, entonó un encendido alegato en favor de la información, aplaudiendo que se garantice la labor de los medios «al cien por cien». Con esta medida, parece que Génova ha dado un puñetazo encima de la mesa al no estar dispuesta a que los populares valencianos dañaran la imagen del partido, si bien han tenido que pasar tres días para que llamaran al orden a sus compañeros. Curiosamente, 24 horas después de que Camps se operara, y estuviera fuera de juego. Y de micrófonos.

Mato también indicó que los medios deben tener en cuenta en sus informaciones la «pluralidad, la veracidad y el rigor», y añadió que, si bien «respetaba» la demanda del PPCV, la libertad de expresión está «por encima». Eso sí, se despidió ensalzando a este equipo, «el mejor para los valencianos».

A pesar de los buenos deseos y de que se había retirado la reclamación, la FAPE rechazó frontalmente las denuncias, y consideró que, con ello, el PP «escenifica la mordaza que impone la reforma de la Ley Electoral, aprobada por los partidos mayoritarios».

Además, este organismo reiteró su rechazo a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, «que condiciona la capacidad y autonomía de las televisiones privadas para difundir la información política durante las campañas». Así, junto a la Asociación de la Prensa de Madrid, mandó un escrito al Defensor del Pueblo.

Hay otro dato a tener muy en cuenta, y es que, a primera hora de la mañana, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró que se ha «exagerado» el número de miembros del PP imputados por el caso Gürtel, porque hay personas que aparecen en las «informaciones» y que «todavía» no están «formalmente» inculpados. «¿Qué pasa si no les imputan?», se preguntó el dirigente popular para recordar que el presidente en Canarias, José Manuel Soria, que estuvo imputado «casi dos años», y después la Justicia «archivó la causa». «No podemos anteponer los efectos que tiene una imputación a nadie antes de que se produzca», recalcó el político levantino.

Por otra parte, el PP organizará durante la campaña electoral una convención solo con las candidatas a las comunidades autónomas y a las alcaldías de los municipios con el fin de reforzar su apuesta por una igualdad real y poner en entredicho la «igualdad de boquilla» del PSOE. Así lo anunció Ana Mato, que también adelantó que Rajoy se volcará en la campaña para las próximos comicios municipales y regionales, y recorrerá toda España , aunque durante su periplo no está previsto que coincida con el ex jefe del Ejecutivo y presidente de honor del partido, José María Aznar.

Mendigos.- Como era de esperar, ayer aún coleaba la polémica propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de obligar a los mendigos a salir de la calle. Así, la presidenta de su región, Esperanza Aguirre, dijo que no es «amiga de las prohibiciones».

Desde el PSOE, la ministra de Política Social, Leire Pajín, calificó la idea de «populista y estética», en tanto que el jefe del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, la vio contradictoria porque «si hubiera recursos» los mendigos «no estarían en las calles»

Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se demuestra la «tradición de la derecha de confundir política social con beneficencia». Joan Tardá (ERC) se sorprendió, pues tiene al edil capitalino por una persona «católica, moderna e inteligente».

El propio Gallardón quiso salir al paso de las acusaciones afirmando que solo busca proteger «la dignidad» de este colectivo porque es «obligación» de la sociedad hacerlo.