El Tribunal Constitucional considera inconstitucionales 14 artículos del Estatut

El pleno aprobó el borrador de sentencia redactado por la presidenta del alto tribunal María Emilia Casas

Casi cuatro años después de que el PP presentara, el 31 de julio de 2006, su recurso contra el Estatuto de Cataluña, el pleno del Tribunal Constitucional dictó finalmente ayer una sentencia que rechaza buena parte de las reclamaciones del partido de Mariano Rajoy -que ponía en tela de juicio 114 de sus 233 preceptos- y, en consecuencia, avala la mayoría de los artículos más polémicos de la norma autonómica, con excepción de 14, que quedarán anulados. La aprobación de la resolución, que en ninguno de sus extremos logró la unanimidad de los magistrados y que, además, será objeto de cuatro votos particulares, solo fue posible después de que la presidenta del TC, la progresista María Emilia Casas, introdujera a lo largo de la jornada modificaciones en su ponencia con el objeto de contentar a algunos magistrados reticentes.

No obstante, ni siquiera tales cambios fueron suficientes para que el Pleno aceptara dicho texto en su conjunto, de modo que votaron separadamente diversas partes del Estatut. Así, el preámbulo, en el que se incluye el término Nación, que ha sido salvado, quedó aprobado por seis votos contra cuatro; los 14 artículos a la postre declarados inconstitucionales cosecharon ocho votos favorables por dos negativos, mientras que los preceptos que estaban recurridos y han sido convalidados salieron adelante por seis a cuatro.

Por último, las partes del texto sobre las que los jueces son menos claros -23 preceptos y cuatro disposiciones adicionales que, entre otras cuestiones, abordan el espinoso asunto del castellano-, ya que se limitan a condicionar su validez a la futura interpretación en las leyes que los desarrollen, registraron igual resultado de seis a cuatro.

El cuarteto de descontentos integrado por los conservadores Rodríguez Arribas, Rodríguez Zapata, Conde y Delgado redactará votos particulares al margen de un fallo que, amén de los votos cantados de los progresistas Casas, Pérez Vera, Gay y Sala, logró el respaldo del conservador Jiménez y del progresista Aragón, bastante reticentes hasta ayer con respecto a convalidar asuntos como la bilateralidad de las relaciones entre Cataluña y el Estado.

En cuanto al contenido concreto del fallo, cabe resaltar que el Constitucional ha decidido que la definición de Cataluña como nación, que figura en el preámbulo del Estatut, es compatible con la Carta Magna, aunque recalca que, precisamente por estar fuera del articulado, no es un vocablo jurídicamente vinculante. Quizá para compensar esa concesión al nacionalismo, la resolución remarca, hasta en ocho ocasiones, la «indivisible unidad de España».

Una vez salvado ese escollo, núcleo político del recurso, los magistrados tan solo han metido mano a otra de las polémicas con más enjundia, como es la de la lengua. Así, se declara inconstitucional el artículo el 6.1, que se refiere al catalán como idioma «preferente» de las Administraciones Públicas.

Ya en un plano más técnico y menos susceptible de generar controversia ideológica, también quedan abolidos el 76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias; y el 78.1, que encomienda al Síndic de Greuges la supervisión «con carácter exclusivo» de la actividad de la Generalitat. Se anulan asimimismo los artículos relativos al Consejo de Justicia catalán (97) y a algunas de sus atribuciones (98.2 y 98.3), a su intervención en nombramientos judiciales (95.5 y 95.6) y a la pertenencia al mismo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (99.1), al igual que los referentes al control de sus actos y competencia sobre oposiciones y concursos (100.1, 101.1 y 101.2).

También quedarán defenestrados por no adecuarse en todo o en parte a la Carta Magna los artículos 111 (competencias compartidas), 120.2 (cajas de ahorros), 126.2 (crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social), 206.3 (participación en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismos de nivelación y solidaridad) y 218.2 (autonomía y competencias financieras).

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Cataluña se aprovechó para exacerbar el victimismo, hasta el punto de que el ex president Jordi Pujol alertó de que el dictamen «rompe el consenso constitucional» y es «un engaño ético y una humillación colectiva». Igualmente radicales, aunque contrapuestos, fueron los análisis de PP y PSOE, pues ambos dijeron estar satisfechos con un fallo que para los conservadores deja tocado el Estatut mientras que, según los socialistas, respeta en su práctica totalidad la esencia soberanista del texto.