Es evidente de que la alegría dura poco en la casa del pobre. Como muestra, un botón. El Tribunal Supremo aceptó ayer las medidas cautelares solicitadas por Endesa e Iberdrola en sendos recursos contra de la congelación de la tarifa de la luz y estableció que el Gobierno facture lo no cobrado a 29 millones de consumidores desde octubre de 2011.
El órgano reconoce la necesidad de que aumenten los costes regulados por el Ejecutivo en el recibo, la parte conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR), para evitar la creación de déficit de tarifa, lo que implica una revisión al alza para 2012.
La factura de la luz se divide en dos partes: una es la subasta trimestral de empresas comercializadoras de energía (Cesur), que depende de la evolución del mercado y sus costes; y otra es el peaje establecido por el Gobierno para retribuir los importes del sistema (redes, primas de energías renovables y otros conceptos).
El Alto Tribunal suspendió el 22 de diciembre pasado la bajada del 12% de los peajes eléctricos aprobada por el Gabinete en octubre. Aunque la resolución valía entonces solo a partir de la última semana de 2012, Iberdrola recurrió y el Supremo le ha dado la razón. Así, Industria puede verse obligado a tres alzas de la luz: dos retroactivas -una a partir de octubre y otra desde enero- y la prevista en abril.
De este modo, las eléctricas refacturarán tres meses enteros de luz a los clientes, lo que, a la vista de que los peajes tienen un peso del 50% sobre el recibo, supone una presión al alza de más del 6% que los usuarios no han abonado..
Unos 900 millones
En otro de los autos, se suma a las tesis ya defendidas anteriormente por el tribunal y considera insuficiente el aumento de peajes del 10% en enero, con el que el Gobierno forzó una congelación de la TUR después de que el valor de la energía bajara en parecida proporción. No es la primera vez que el Supremo anula la congelación del precio la luz. PP y PSOE pactaron en junio de 2010 y en octubre de 2011 el mantenimiento de la TUR, cuando los costes energéticos y los peajes obligaban a aplicar incrementos.
En su solicitud de medidas cautelares, Endesa pide que se reconozca un desajuste temporal de 904 millones de las actividades reguladas de 2011, así como 116 millones correspondientes a 2012. El incremento de peajes necesario para satisfacer los costes del sistema, aun contando con el desfase legal de 1.500 millones para 2012, debe equivaler a 1.888 millones.
Al dar la razón a Endesa, el Alto Tribunal ratifica un auto similar de comienzos de mes, en el que también acepta los argumentos de Iberdrola sobre la misma cuestión.
El diario Cinco Días, que adelantó la decisión del Supremo, señala que el auto implica la refacturación de cerca de 900 millones de euros. De forma inmediata, el Gobierno debe elaborar una nueva orden de peajes con efectos a partir del 1 de enero.