El juez castiga a los menores de Pozuelo con tres meses sin salir a fiestas nocturnas

El Defensor del Pueblo argumenta que la falta de autoridad de padres y maestros provoca disturbios como los registrados en la urbe madrileña.

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No se irán de rositas, pero casi. A los siete menores acusados de participar en los disturbios del pasado domingo en Pozuelo (Madrid), el juez les ha impuesto una pena liviana, no acudir durante tres meses a fiestas a partir de las 22,00 horas. Sin embargo, la mayoría de los abogados de estos chicos no piensa así y ha recurrido la decisión del magistrado del caso, ya que la creen «desproporcionada».

Así lo confirmaron ayer fuentes jurídicas, que precisaron que si la Policía les encontrase incumpliendo esta resolución se les imputaría una infracción grave.

La Fiscalía de Menores había propuesto una medida menor, en concreto tres meses de libertad vigilada, dado que los técnicos que les evaluaron determinaron que son jóvenes sin antecedentes, con buenos expedientes y de familias estructuradas. No obstante, la juez tomó la citada decisión. A partir de ahora, los técnicos de la Agencia del Menor de la Comunidad de Madrid, que siempre ejecutan las medidas judiciales en cada caso, evaluarán a los menores.

Durante los disturbios de la madrugada del pasado domingo resultaron heridos 10 policías y fueron detenidas 20 personas, siete de ellas menores.

El lunes, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ordenó la puesta en libertad de los 13 mayores de edad, a la espera de nuevas diligencias que aclaren su participación en los hechos.

Más allá del plano judicial, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el filósofo José Antonio Marina, el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Ignacio Calderón, y los sindicatos de enseñanza sostuvieron ayer que los altercados de Pozuelo responden a un déficit de educación y demandaron más autoridad a los padres.

Transcurridos cuatros días desde que cientos de jóvenes se enfrentasen a la Policía, la atención se centra en los motivos por los que esos jóvenes estaban de botellón y fueron violentos.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comentó que la falta de autoridad de padres y profesores está en el origen de estos comportamientos, y que, cuando por ejemplo se permite «el tuteo» a los maestros, se está abriendo el camino a «la falta de respeto».

En su opinión, los disturbios de Pozuelo se debieron «al desbordamiento de actitudes irracionales» por la pérdida de autoridad y de valores de la sociedad, y abogó por distinguir entre libertad y libertinaje. Múgica propuso promover un gran diálogo «nacional» de todos los sectores implicados en la educación.

Por su parte, Marina y Calderón coincidieron en que los enfrentamientos de Pozuelo no acabarán con la vía policial, pero son una oportunidad para replantearse las políticas juveniles y reivindicar la comunicación entre padres e hijos, así como la participación de toda la sociedad. «Aquí falla algo más que la educación», argumentaron ambos.