El Gobierno podría conceder a la banca avales por 100.000 millones

La iniciativa, que no fue anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Ministros del pasado día 30, forma parte del decreto de ajuste publicado en el BOE.

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, justificó ayer la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros en el ejercicio 2012 para evitar el cierre de crédito, y consideró que no adoptar dicha medida hubiera sido «una gran irresponsabilidad».

La iniciativa, que no fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre, forma parte del decreto de ajuste del Ejecutivo publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.

De este modo, los 100.000 millones servirán para avalar «emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional», indicó el dirigente popular.

El titular de Economía explicó que dichos avales servirán para que dichas empresas acudan a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), dado que la banca española tiene «enormes dificultades de financiación en los mercados de capitales».

El ministro recalcó que, «si no se hiciera así, sería un acto de irresponsabilidad» que llevaría a la economía nacional a una situación absoluta de cierre de crédito», y recordó que las firmas pagarán una cantidad importante por esos avales que utiliza.

Asimismo, De Guindos recalcó la necesidad de sanear los activos ligados al sector inmobiliario de la banca y la importancia de una nueva ronda de consolidación entre entidades para reactivar el crédito. «La reforma financiera va a ser importantísima; en las próximas semanas debemos tener un esquema de actuación claro y transparente», añadió.

Respecto a la posibilidad de crear un banco malo que aglutine los activos tóxicos del sector financiero ligados al ladrillo, el político madrileño sostuvo que lo importante no es el instrumento que se emplee, sino el objetivo de minimizar el impacto del saneamiento sobre las cuentas públicas.

«Tiene que disminuir el impacto del saneamiento bancario sobre los contribuyentes, y ese va a ser el principio básico y que va a guiar la reforma del sector financiero», argumentó.

Nueva Ley concursal

Por otro lado, ayer entró en vigor la nueva Ley Concursal, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre, y que tiene como objetivo facilitar a empresas y particulares renegociar las deudas fuera del juzgado para evitar entrar en concurso de acreedores.

La nueva normativa establece que las compañías en dificultades puedan llegar a acuerdos de refinanciación previos a la declaración de insolvencia si reciben el respaldo de los acreedores que representen el 60% de las deudas y cuenten con el informe favorable de un experto independiente.

De esta forma, se corrige la capacidad que tenían las minorías para bloquear los acuerdos.