El Gobierno acelera la reforma fiscal mientras perfila la de las pensiones

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncia que los cambios en la estrategia económica, que no serán inmediatos, buscan garantizar la igualdad y la financiación adecuada

0

Ya falta menos para una de las grandes medidas del Gobierno, la que supondrá, a todas luces, el punto de inflexión para salir de la crisis. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo central llevará a cabo una reforma fiscal «completa e integral» para favorecer la equidad y la financiación adecuada de los servicios públicos, aunque no la aprobará con «carácter inmediato».

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz indicó que el sistema tributario español ha sido revisado en muchas ocasiones a través de reformas parciales, por lo que afirmó que es preciso «reanalizarlo» y trabajar en una reforma tributaria «completa y sistemática» que sirva para «reordenar» el modelo fiscal español.

En este sentido, dijo que un sistema tributario es un ordenamiento jurídico «muy amplio», donde hay muchas piezas, por lo que se trata de avanzar, entre otras cosas, en el tratamiento del IRPF para lograr «ganar competitividad» o en la regulación de las cotizaciones sociales: «Unos trabajos que están ahí en el horizonte y que requerirán un trabajo muy arduo y amplio, porque estamos hablando del sistema de ingresos públicos en nuestro país».

Además, aseguró que al Gabinete de Mariano Rajoy la tarea de subir impuestos «no es la que le ha resultado más grata», pero justificó el incremento de las tasas por el desfase de 30.000 millones de déficit público con el que se encontró el PP cuando llegó al poder.

Otro frente abierto, quizás uno de los más importantes mediáticamente, es el de las pensiones. En este punto, la política pucelana sostuvo que la intención del Ejecutivo es buscar acuerdos para pactar el diseño del factor de sostenibilidad, fórmula que garantizará la viabilidad del sistema público de retiros y que, entre otras cosas, tendrá en cuenta la esperanza de vida.

Así, la abogada del Estado recordó que el Comité de Expertos nombrado por Moncloa para aconsejarle sobre la definición de este factor está analizando la mejor fórmula para el sistema nacional, la que da mayores garantías y seguridad y la que mejor se le adapta.

Desde luego, lo que quiere evitar el Gabinete es dar luz verde a este importantísimo asunto en solitario. De este modo, Sáenz de Santamaría recalcó que «ahora» está trabajando en alcanzar un acuerdo con el PSOE sobre los temas que se debatirán en el Consejo Europeo de finales de junio, pero expresado su confianza en que se puedan llegar a más pactos en la reforma de las pensiones, la Ley de Transparencia o los cambios estructurales de las administraciones públicas, donde el pasado jueves cedió ante PNV y CiU para que Hacienda no pueda forzar la sustitución de alcaldes y cargos regionales que manejen mal el dinero público.

También pelea el PP por ganarse a las comunidades que recelan de un posible trato de favor a Cataluña por el objetivo del déficit. Así, aprobó formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 356.775.000 euros. Además, autorizó operaciones similares a Cantabria, Canarias, País Vasco y Baleares.

Otro tema interesante es el de las mujeres desempleadas de colectivos especialmente vulnerables. Así, el Consejo de Ministros aprobó ratificar las autorizaciones para la suscripción de los convenios de colaboración entre el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la promoción y fomento de la empleabilidad de este colectivo. No se descarta que pueda tratarse de un laboratorio de pruebas para medidas afines a medio o largo plazo.

Otro punto importante en la comparecencia de la vicepresidenta era el de ETA, ya que se lleva especulando con la posibilidad de que los asesinos vuelvan a matar o incluso que se escindan. En ese sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy da por derrotada a la organización criminal en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que aprobó el Ejecutivo, pero seguirá incluyéndola en su lista negra de bandas hasta que se disuelva.

Por otra parte, Lorca, azotada en 2011 por dos terremotos, recibirá tres millones de euros.