Las dudas sobre el trato judicial que España debe dispensar a los piratas capturados el miércoles por un buque de la Armada se convirtieron ayer en un nuevo campo de batalla entre los jueces de la Audiencia Nacional, siempre ávidos de protagonismo, y la Fiscalía, más reacia a gastar recursos en casos internacionales casi siempre destinados al fracaso.
La victoria fue esta vez para el Ministerio Público, puesto que el magistrado Fernando Andreu se vio obligado a dejar en libertad a los siete corsarios detenidos tras ser rescatados del agua tras fracasar su abordaje a un carguero de bandera panameña.
Tras decretar la prisión provisional para los delincuentes y dictar una orden de entrega a España a instancias de la Fiscalía, tan solo un día después el juez tuvo que rectificar de plano porque así lo solicitó el acusador.
Pese a que la fiscal Blanca Rodríguez había reclamado el encarcelamiento ante las evidencias de delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, ayer pidió la revocación de dicha medida apelando a un convenio suscrito entre la Unión Europea y Kenia para que sea este último país africano el encargado de enjuiciar los delitos de piratería en aguas somalíes.
De ahí que propusiera la libertad de los delincuentes y su entrega a las autoridades de Nairobi.
Tal planteamiento no es compartido por Andreu que, aunque no tuvo más remedio que acatar las instrucciones, explica en su auto que les deja en libertad por imperativo legal, pero en «absoluta disconformidad», puesto que, a su juicio, tal decisión quebranta los principios básicos del proceso y las garantías de los detenidos.
La Fiscalía, según el magistrado, ha obviado una serie de trámites procesales necesarios para la extradición. Además, el mencionado convenio al que se acoge la representante del Ministerio Público no puede afectar a las personas que ya están inmersas en un proceso judicial en España y a las que se ha imputado la comisión de delitos «muy graves».
En todo caso, lo cierto es que en cuanto los piratas lleguen a tierra firme -ahora se encuentran en un barco de camino a Yibuti- saldrán libres. Probablemente esa sea la misma suerte que les espera a los otros siete corsarios detenidos un día después, y que van en el mismo buque.
El magistrado no puede hacer otra cosa porque si nadie -en este caso solo está la Fiscalía– pide la prisión, no la puede acordar. A pesar de todo, Andreu no archiva las actuaciones y seguirá investigando, ya que Defensa denunció unos hechos muy graves constitutivos de delitos y, al ser la jurisdicción española competente para estudiar este tipo de asuntos, «es de ineludible obligación por parte del instructor continuar con la investigación».
Eso sí, el juez es consciente del «absolutamente probable riesgo de fuga» de los piratas, lo que imposibilitaría su procesamiento.