Nueva vuelta de tuerca en el caso Faisán y, consiguientemente, aumenta el riesgo de que este escándalo le pueda estallar encima al vicepresidente Rubalcaba. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó ayer la identificación de los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que, desde la noche anterior al supuesto chivatazo a la banda terrorista ETA en el ya famoso bar -que da nombre a la causa- de Irún, el 4 de mayo de 2006, hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, que se hallan imputados.
Asimismo, el PP, a través de su diputado Ignacio Gil-Lázaro, va a seguir pidiendo explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba sobre este espinoso asunto, pese a las «patéticas risotadas» de los diputados socialistas que «vienen operando en su contra».
Así, en un escrito remitido este jueves al juez Pablo Ruz, que investiga el caso, el fiscal Carlos Bautista asegura que «no se opone» a la identificación de los usuarios, reclamada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), aunque añade que «el equipo investigador no ha considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones».
DyJ, que ejerce la acusación popular, pidió la identificación de las personas que utilizaron dos móviles y un fijo «titularizados» por la Subsecretaría del Ministerio del Interior durante «el período al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006», así como su «citación para que presten declaración en calidad de testigos».
A pesar de que el Ministerio Público solicitó en octubre de 2009 el archivo de la causa, Bautista solicita que la Guardia Civil realice «un informe ampliatorio sobre las terminales prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del Faisán». Asimismo, cree que resultaría de interés que, de la misma forma que el instructor ha acordado que la Guardia Civil haga un informe complementario del ya hecho sobre la cinta de vídeo, que grababa los movimientos que se producían en el establecimiento, «fuese realizado por la Benemérita otro escrito complementario al que presente el grupo investigador sobre las llamadas efectuadas por dichas tarjetas prepago en el lapso señalado por los investigadores».
Aunque el documento indica que en la causa se han practicado «las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos», la Fiscalía añade que las nuevas solicitadas por la acusación popular «no pueden ser consideradas como impertinentes o inútiles en relación con el objeto del procedimiento, en la medida en que pueden aportar algún dato o elemento complementario».
En relación con la ampliación de la pericial telefónica reclamada por el colectivo de víctimas, los letrados sostienen que «sería conveniente» que los expertos aclaren «si existe la posibilidad técnica de que las llamadas salientes efectuadas en el entorno del bar Faisán hayan sido redireccionados a un repetidor más lejano, indicando los casos en que dicho salto de repetidores pueda producirse». También quiere que «indiquen si en el área indicada, en la propia frontera, tienen cobertura las antenas francesas de telefonía móvil».
De la misma forma, el Ministerio Público estima «procedente» que Ruz tome declaración a un comisario superior al jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, éste «fue reticente en diversos momentos a la realización» de las detenciones contra el aparato de extorsión «argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».
Por otra parte, el diputado popular Ignacio Gil-Lázaro quiso replicar a las palabras de la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, quien criticó que cada miércoles el PP dirigiera una pregunta a Rubalcaba sobre este asunto, señalando que sería difícil convencer a un «marciano» de que la lucha contra ETA «va bien».
«Para marciano, el escándalo que significa que desde Interior se hiciera lo que se hizo para salvar a los terroristas el 4 de mayo de 2006», enfatizó el dirigente del PP, quien destacó entre todas las risas del Grupo Socialista la que soltó «un cazador ex ministro de Justicia». «Que Fernández Bermejo se divierta hace entender muchas cosas, incluida su participación en una cena vergonzosa», agregó en referencia a la que compartió con Garzón en plena operación Gürtel.
