El ‘Estatut’ deberá seguir esperando

Los jueces no logran desbloquear la sentencia sobre el texto catalán

Por más que la decena de magistrados que componen el Pleno del Constitucional representaran desde el jueves una suerte de paripé para demostrar su voluntad de sacar adelante la sentencia que ha de enjuiciar la legalidad del nuevo Estatuto de Cataluña, lo cierto es que, tal y como figuraba en casi todas las quinielas políticas, los jueces no estaban dispuestos a emitir pronunciamiento alguno a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Así se confirmó ayer al quedar certificado que el alto tribunal tumbó el quinto borrador de resolución y, sin que parezca avergonzarle lo más mínimo que el retraso acumulado sea ya de casi cuatro años, deberá ahora comenzar casi desde cero el proceso para consensuar un fallo que dé respuesta al recurso interpuesto por el Partido Popular.

El texto, presentado por la magistrada Elisa Pérez Vera, fue rechazado por seis votos negativos contra cuatro partidarios de salvar en su gran mayoría el articulado del Estatut, curiosamente todos ellos correspondientes a los magistrados elegidos por designación de los socialistas.

Tras el fracaso de Pérez Vera, su sustituto será el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Guillermo Jiménez, tal y como decidió la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas. El nuevo responsable, designado en su día por el PP, es de tendencia conservadora, pero se sitúa en una postura intermedia entre los acérrimos defensores del PSOE y quienes desean cercenar en gran medida las veleidades soberanistas de la norma autonómica.

En todo caso, más allá de su ideología, cabe resaltar que Jiménez, junto con Casas, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, es uno de los magistrados cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para sustituirle, lo que deja muy en entredicho la legitimidad de cualquiera de sus actuaciones.

Ahora, deberá elaborar una nueva ponencia , que se supone será más dura con el Estatut que la derribada ayer (que salvaba el término nación del preámbulo del texto y que dejaba muchas de las dudas en manos del futuro desarrollo legal) y que tardará varios meses en elaborarse, seguramente tantos como sean necesarios para que los socialistas puedan realizar en paz la campaña autonómica del próximo otoño.

Hasta entonces nada apunta a que las posturas en el seno del Constitucional vayan a modificarse un solo ápice, de modo que Pérez Vera, la presidenta, María Emilia Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, seguirán secundando a ultranza las consignas del Gobierno, empeñado en que el Estatut se refrende sin modificar mientras que Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, mantendrán una postura diametralmente opuesta.

En un tercer bloque, intermedio, podrían situarse los tres magistrados de los que depende que la balanza se incline a uno u otro lado: el vicepresidente Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, quienes, no obstante, ayer votaron en contra del borrador.

La falta de resolución, por lo de más esperada, fue acogida con cierta frialdad por los partidos mayoritarios. Así, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se limitó a reclamar «agilidad» para que el Constitucional «resuelva ya» el recurso, a sabiendas por supuesto de que se trata de una simple declaración de cara a la galería, puesto que los procedimientos del tribunal hacen imposible que haya un fallo en los meses inmediatos.

«Necesitamos reglas de juego, necesitamos claridad y necesitamos saber dónde estamos. Nosotros en su día presentamos un recurso porque queremos un Estatuto constitucional», explicó antes de insistir en que el principal partido de la oposición «aceptará» la sentencia.

Aún más política se mostró la vicepresidenta De la Vega, quien, trató de disimular su alivio por el retraso, con la declaración meramente voluntarista de que no «descarta» que haya sentencia «antes del verano», puesto que, en su criterio, no será necesario comenzar las negociaciones desde el principio, sino que, partiendo de todo lo que ya está acordado, los magistrados solo deberán centrarse en buscar acuerdos sobre los puntos más conflictivos.

Bastante menos serenos se mostraron los nacionalistas catalanes, que estaban deseosos de un fallo, incluso restrictivo, puesto que les hubiera dado abundante munición para apelar una vez más al victimismo antiespañol durante la próxima campaña electoral.

Así, frustrados por el nuevo aplazamiento, los dirigentes de CiU pidieron, por boca de su presidente, Artur Mas, que el Parlament de la región mediterránea haga un llamamiento solemne al Tribunal Constitucional a renovar a los magistrados con mandato caducado y a declararse «incompetente» para juzgar el Estatut.

Frente a tal maximalismo, el conseller Joan Saura recurrió a la vía pragmática y, tras pedir un «paréntesis» en las deliberaciones del Constitucional para que una instancia renovada dice la sentencia tras los comicios, instó al Gobierno central a ningunear a la Justicia y, por la vía de los hechos desarrollar el Estatuto mediante leyes orgánicas de modo que el futuro fallo sea, en la práctica, irrelevante.