Varios de los exconsejeros catalanes juzgados por el ‘procés’ en el Supremo. / EFE
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La sala del Tribunal Supremo que ha juzgado el ‘caso procés’ tiene previsto publicar su sentencia entre hoy y mañana, tras haber decidido por unanimidad condenar a los líderes independentistas por un delito de sedición, en concurso con otro de malversación.

Según han informado fuentes jurídicas, aunque cabe la posibilidad de que la notificación de la sentencia se retrase a mañana —con lo que coincidiría con el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys—, la intención inicial de la sala es cerrar definitivamente el fallo hoy y comunicarlo a las partes.

La expectación ante la histórica sentencia contra los doce líderes independentistas es máxima, al tiempo que arrecian las críticas por las filtraciones de los últimos días sobre el fallo, lo que ha llevado al presidente de la sala, Manuel Marchena, a advertir que “todo está abierto” hasta que lo firme el último magistrado.

Fuentes jurídicas han apuntado que la sala, en una decisión unánime, ha decidido descartar el delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía entre 16 y 25 años de cárcel, y decantarse por el de sedición que plantea la Abogacía del Estado, castigado con penas de hasta quince años de prisión.

Al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, el tribunal tiene la intención de condenarlos por sedición en concurso medial con un delito de malversación, por haber financiado a través de sus departamentos los gastos del referéndum.

Al tratarse de un concurso medial, la pena de malversación —que en su modalidad agravada puede alcanzar los ocho años de prisión— no se sumaría a la de sedición, pero sí incrementaría la inicialmente prevista para este delito.

La malversación, por el contrario, no podría aplicarse a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los Jordis, ni a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, dado que ninguno de ellos tenía responsabilidades vinculadas a la gestión de los fondos públicos con los que, según las acusaciones, se financió el referéndum del 1-O.

Los otros tres acusados, los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, serán previsiblemente condenados solo por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de cárcel.

La notificación de la sentencia, cuyo impacto en las filas independentistas y la vida política española marcará las precampaña del 10N, se espera para entre hoy y mañana, aunque, en el peor de los escenarios manejados por el Supremo, no puede descartarse que se aplace a más allá del 16 de octubre.

Inhabilitación

Los magistrados se habían marcado esa fecha como día límite para hacer público el fallo para evitar una previsible prórroga de la prisión provisional a los Jordis, que el miércoles cumplirán dos años en preventiva.

Al margen de las condenas, el otro asunto relevante serán las inhabilitaciones que el tribunal imponga a los acusados, que pueden bloquear seriamente sus carreras políticas sin poder aspirar a ejercer cargo público alguno. Para algunos podría ser ‘una muerte política’, si bien fuentes jurídicas explican que ese capítulo está en un segundo plano y los acusados no están preocupados ahora mismo por ese escenario.

Fuera del estricto ámbito jurídico, capítulo aparte merece la acogida que tenga la sentencia en Cataluña por parte de los partidos y entidades soberanistas.

Más allá de las protestas y movilizaciones Quim Torra ya ha avalado abiertamente la “desobediencia civil” y ha abogado por una respuesta firme. Y fuera de Cataluña, en Waterloo, Puigdemont dice estar preparado si, tras la sentencia, Pablo Llarena reactiva la euroorden contra él.