Un vehículo de la Guardia Civil traslada a los siete detenidos de la organización independentista CDR. / EFE
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El juez Manuel García Castellón ordenó ayer la prisión provisional y sin fianza para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, al considerar que integraban una organización “jerarquizada” que pretende instaurar la república catalana por “cualquier vía, incluidas las violentas”.

El magistrado de la Audiencia Nacional envió a prisión a estos siete detenidos en la Operación Judas al entender que, a la luz de los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, informaron fuentes jurídicas.

El juez atendió así a la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que ha reclamado el ingreso en prisión provisional de los siete “ante el riesgo” de que materializasen “las conductas que planeaban” de cara al 1-O.

De las diligencias practicadas hasta el momento, el magistrado considera que existen indicios de que los siete forman parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) vinculado a los Comités de Defensa de la República (CDR), una organización “con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas”.

En uno de los autos, al que tuvieron acceso a los medios, ubica a los siete detenidos en el “sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT, siendo éste una organización con una estructura jerarquizada”.

Todo ello dentro de “la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo”, según el magistrado, que considera que el ERT tiene “capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización”.

Al igual que la Fiscalía, García Castellón también entiende que concurren requisitos para acordar la prisión, tales como la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas, el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y de reiteración delictiva en este caso.