El exvicepresidente del Gobierno cumplió en mayo su séptimo mes en la cárcel por la condena de las tarjetas ‘black’. / e.p.
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El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato volverá a rendir cuentas sobre su gestión en Bankia, esta vez ante la justicia madrileña, que ayer abrió juicio oral contra él y otras doce personas por los 835.024 euros en comisiones que habría percibido de las campañas publicitarias de la entidad. El juez Antonio Serrano-Arnal, que desde 2015 dirige la investigación sobre el origen del patrimonio del exministro, cede así el testigo de esta pieza separada del caso —la primera en concluir su instrucción— a los Juzgados de lo Penal, sobre los que recae la celebración de una vista en la que Rato se enfrenta a cuatro años de prisión y a una multa de 2,5 millones de euros.

Independientemente de la carga de trabajo de esta sede judicial, el juicio debería tener lugar con la máxima celeridad posible, tal como exige la ley para causas con preso. Rato, que este mayo cumplió su séptimo mes en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde ingresó para cumplir con su condena de cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia, estará acompañado en el banquillo de viejos allegados como su secretaria personal, Teresa Arellano, o sus supuestos testaferros Alberto Portuondo y Miguel Ángel Montero.

También del exconsejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, su compañero de viaje no sólo en ambas entidades sino también en su periplo judicial.
A ellos, al igual que a los ocho acusados restantes, el magistrado les requiere una fianza de 4,5 millones de euros por cabeza, cerca de 59 millones en total, que de no ser abonados iniciaría un proceso masivo de embargo de bienes.

Después de casi cuatro años de pesquisas y a fin de acabar con los temores por el posible enquistamiento de la causa de los que advertía la Audiencia Provincial de Madrid, Serrano-Arnal acordaba este febrero el procesamiento de Rato por su presunto trato de favor con las agencias publicitarias Zenith y Publicis.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el exministro “con desprecio al principio de lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico” para favorecer a ambas firmas a cambio de comisiones por dos millones de euros, de los cuales personalmente habría percibido 835.024 euros a través de Kradonara 2001, considerada epicentro de su entramado societario.

Vínculos personales

Para ello, continúa el escrito de acusación conocido el pasado marzo, se sirvió de “tres personas con quienes mantenía desde hacía años vínculos personales y profesionales”, Arellano, Fernández Norniella y Montero, para los que el Ministerio Público pide tres años de prisión.

Éstos, junto a otro de los supuestos hombres de Rato, Portuondo, permitieron construir un auténtico “grupo de presión” dentro del departamento encargado de la contratación de las campañas. Anticorrupción otorga un papel fundamental en los hechos a Portuondo, para el que reclama idéntica condena que al exvicepresidente del Gobierno por contactar “a mediados de 2010” con los representantes de Zenith y Publicis para que ambas empresas “accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar”.

Fue de este modo como conoció a Francisco Xabier Olazábal, Miguel Ángel Furones, Sagrario Bua y Fabrizio Bini (Publicis), así como a Sergio Lorca, Fernando Rodríguez y María Cándida Rodríguez (Zenith), para los que solicita tres años de prisión.

Todos ellos, “sabedores de las ‘ventajas’ que el pago de comisiones iba a generar para su empresa” aceptaron la propuesta de Portuondo, al que pagaron “cantidades completamente injustificadas” a modo de “peaje”. Fue así cómo en febrero de 2011, Publicis firmó el contrato con Bankia, en tanto que justo un mes más tarde Zenith hizo lo propio con la matriz, BFA, aún habiendo “opciones más favorables” y “de espaldas” al Consejo de Administración.