La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en el Congreso.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en el Congreso. / efe
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La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, anunció que el Ejecutivo está “reflexionando” sobre una reforma del artículo 106 del Código Penal para mejorar la vigilancia de expresos condenados por delitos peligrosos que atentan, especialmente, contra la libertad sexual de las mujeres y de los menores de edad.

Calvo recordó que, en la actualidad, ya se trabaja en una reforma del Código Penal en lo que se refiere a la tipificación de los delitos de libertad sexual, unos trabajos que se iniciaron tras la sentencia dictada por el caso de ‘La Manada’ en Pamplona.

Ahora, tras el asesinato de Laura Luelmo, los de Pedro Sánchez quieren dar una vuelta al artículo 106 que regula la libertad vigilada, con el objetivo de dotar “de más seguridad” a la sociedad ante personas que han cometido “gravísimos delitos” y que “siguen siendo peligrosos” a pesar de que ya han cumplido sus penas. Calvo apuntó que, según los expertos, algunos de estos delitos graves son de difícil reinserción.

Garantías

La vicepresidenta ha recordado que en la actualidad está en vigor la pena de prisión permanente revisable que, “desgraciadamente no ha podido evitar el asesinato de Laura Luelmo”, por lo que el Gobierno se plantea ahora “cómo hacer para que después del cumplimiento de las penas se puedan tener garantías de seguridad” vigilando a estas personas.

Se trata, según explicó ante los periodistas a su salida del Pleno del Congreso, de hacer ese artículo 106 “más efectivo y más útil” y de “encontrar mecanismos para que se lleve a cabo esta vigilancia” y tener constancia de los movimientos del expreso o sus cambios de domicilio, entre otros aspectos en la reforma legislativa que el Gobierno quiere llevar a cabo respecto a los delitos de agresiones sexuales.

En su intervención, la ‘número dos’ del Gobierno insistió en que se trataría de casos de delitos “muy graves” de los que, según las estadísticas, suelen acabar en reincidencia y que afectan, principalmente, a la libertad sexual de las mujeres y de los menores de edad.