La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. / efe
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El Real Decreto Ley sobre seguridad digital que aprobó ayer el Gobierno en funciones por la vía de urgencia permitirá actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma. Fuentes del Ejecutivo explicaron que por ejemplo el decreto afectará a Identicat, el proyecto de “identidad digital soberana” que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes.

También podría afectar a la página Republica.cat, cuyo servidor está situado fuera de la Unión Europea. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció ayer este decreto, que ha llevado personalmente al Consejo, para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la “república digital” catalana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, presentó este real-decreto de medidas urgentes por razones de seguridad en materia de la Administración Electrónica, contratación de las Administraciones Públicas y las Telecomunicaciones.

Marco normativo

La norma tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.

Calvo justificó la urgencia de la norma porque, según reconoció, “ya hay situaciones” que “preocupan” al Gobierno en materia de seguridad digital y “hay que reaccionar cuanto antes mejor”. La vicepresidenta del Gobierno en funciones no quiso responder explícitamente a las preguntas sobre si tiene ya el Gobierno localizadas páginas web o vulneraciones en las redes que afecten al soberanismo catalán, pero fuentes del Ejecutivo sí admitieron que tienen conocimiento de que hay páginas de la Generalitat con servidores en “paraísos digitales”.

La nueva norma, precisamente, obligará a todas las administraciones a contratar sus servidores dentro de la UE para que se pueda tener un control de la información digital.
“No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea. Tenemos que conocer desde dónde sale la información, quiénes la manejan, con qué fines y por qué”, dijo la vicepresidenta ante los medios. El decreto entrará en vigor el próximo martes, en medio de la campaña electoral y cuando persiste la tensión en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’.