La Mesa del Congreso acordó ayer suspender a los cuatro diputados catalanes presos acusados de rebelión en la causa del ‘procés’, una medida acordada con el aval de los letrados de la Cámara a la que sin embargo se ha opuesto Unidas Podemos, al entender que correspondía al Tribunal Supremo.
La decisión fue anunciada por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tras 45 minutos de deliberación por parte de los nueve miembros de la Mesa, donde la mayoría conformada por PSOE, PP y Cs respaldó la suspensión inmediata frente a Unidas Podemos, que pidió más tiempo para estudiar el asunto.
De esta manera, los diputados de Junts per Catalunya Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, así como el líder de ERC, Oriol Junqueras, dejan de ser parlamentarios mientras continúen en prisión provisional, con efectos desde el pasado martes 21, cuando tomaron posesión de sus escaños en la sesión constitutiva del Congreso.
Antes de adoptar su acuerdo, la Mesa recibió el informe que encargó a los servicios jurídicos del Congreso, en el cual los letrados apuntaban a una suspensión “automática” sustentada no en el Reglamento del Congreso, sino en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y ello porque las previsiones del Reglamento se refieren a situaciones procesales anteriores a las de los cuatro independentistas catalanes, que exigirían un suplicatorio y votación en pleno, algo que el propio Tribunal Supremo desestimó en su auto del pasado 14 de mayo sobre su situación parlamentaria.
Así, siete miembros de la Mesa (tres del PSOE, dos del PP y dos de Cs) asumieron la opinión de los letrados y suspendieron a los diputados “por concurrir las circunstancias necesarias” para aplicar el precepto de la Lecrim según el cual el procesado “que estuviera ostentando función o cargo público” quedará “automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
No estuvieron de acuerdo los dos miembros de Unidas Podemos, formación que, según su portavoz, Irene Montero, entiende que la decisión exigía mayor debate y que además correspondía al Tribunal Supremo, “porque afecta al hecho de que diputados que han sido elegidos por la ciudadanía puedan ejercer con plenitud”.
Acordada la suspensión, queda por saber qué alcance tendrá la ausencia de cuatro parlamentarios en el hemiciclo a efectos del “cómputo de mayorías”, en palabras de Batet, por si modificara el umbral de la mayoría absoluta ahora fijado en 176 escaños, algo con especial trascendencia de cara al debate de investidura.
La Mesa acordó de forma unánime encargar otro dictamen a los letrados antes de resolver este asunto.
Decisión prudente
Del mismo modo que ocurrió en su primera reunión de legislatura celebrada por la Mesa, Meritxell Batet recibió ayer críticas del PP y Ciudadanos por no haber suspendido antes a los cuatro presos, bajo el supuesto de que no había otra salida para garantizar el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, la presidenta del Congreso defendió que preguntar antes a los letrados ha sido la decisión “más prudente, más garantista y con mayor seguridad jurídica que se podía tomar”, sobre todo porque el Congreso se ha enfrentado a una situación “inédita” y no solo era preciso “salvaguardar” la institución sino también “garantizar” los derechos de los parlamentarios.
Con todo, desde el PP, la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, lamentó que se hayan “perdido” 48 horas.
El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, acusó a Batet de “hacer el ridículo” y de “esconderse detrás de informes”. Vox, que no está en la Mesa, reclamó ir “más allá” de una suspensión temporal.
Los partidos de los diputados suspendidos, JxCaT y ERC, denunciaron el “golpe al Estado de derecho” que supone la medida y anunciaron que pedirán a la Mesa la reconsideración de su decisión antes de recurrir al Constitucional. Según la diputada de JxCAT Laura Borràs, la “injerencia” de la justicia en el Congreso es “terrible”.
