Educación inicia los trámites para la nueva prueba de acceso a la universidad

El ministro Íñigo Méndez de Vigo y el presidente de la CRUE Segundo Píriz, acordaron crear una comisión mixta para perfilar el modelo de examen para el próximo curso

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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, acordaron crear una comisión mixta para “perfilar” la nueva prueba de acceso a la universidad en 2017 de la LOMCE, que sustituirá a las actuales Pruebas de acceso a la Universidad (PAU), según informó el departamento de Educación en un comunicado. Este es el resultado de la reunión entre el ministro y el presidente de los rectores, celebrada a primera hora de ayer, después de que el pasado día 18 la CRUE reclamara al Gobierno aplazar un curso la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE, prevista para 2017, ante la “indefinición” de la misma y la “inseguridad jurídica” que podrá causar al alumnado que ahora cursa primero de Bachillerato.

El ministerio negó ese mismo día esta posibilidad a los rectores alegando la aplicación del calendario de la ley y aseguró que “hay tiempo más que suficiente” para concretar el nuevo sistema de acceso a la educación superior. Asimismo, aseguró que ya se había acordado en “varias reuniones”, cuestiones técnicas de la evaluación final de Bachillerato y que éstas fueron “bien acogidas por los rectores”, aclaró. Según el departamento de Educación, en este encuentro Méndez de Vigo comunicó a Píriz que el pago de las becas generales se está haciendo “más rápido” que en años anteriores, y que el Tesoro pagará otra parte “importante” de las mismas. La cifra provisional de becarios supera los 644.000.

Por otro lado, Cataluña anunció que mantendrá las PAU en 2017, a pesar de la LOMCE. Así lo anunció en una entrevista con la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell Ruiz, que indicó que “no tiene sentido” cambiar la prueba a los alumnos que ahora cursan primero de Bachillerato y el año que viene hacen el segundo curso.

La titular de Enseñanza catalana, argumentó, además, que la LOMCE “está realmente en vía muerta”, aunque si finalmente el Gobierno decidiera aplicar la nueva ‘reválida’ en 2017, la Generalitat habría encontrado “un sistema que permita que esto no perjudique a los alumnos”. “Que estén tranquilos porque pase lo que pase la estructura del Bachillerato que proponemos permitirá hacer las dos opciones”, subrayó.

Asimismo, el Sindicato de Estudiantes criticó la “bajada de pantalones” de CRUE Universidades Españolas por aceptar la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE, que sustituirá a las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en junio de 2017, y acusó a los rectores de “avalar” las reformas del PP “para hacer una universidad cada vez más clasista”. Así lo indicó en declaraciones a los medios la presidenta de esta organización estudiantil, Ana García, que lamentó que los rectores, que habían pedido al Gobierno una moratoria para la aplicación de la evaluación hace dos semanas alegando indefinición e inseguridad jurídica para los estudiantes, acordaran ayer con el Ministerio de Educación crear una comisión mixta para “definir” las características de esta determinada prueba.

Por ello, García llamó de nuevo a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 13 y 14 de abril contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y pidió a los rectores de las universidades públicas que se sumen y se “pongan a la cabeza de la movilización” y dejen de hacer “declaraciones solemnes que no van a ningún sitio”. “Si aceptan negociar las reválidas en estos términos, avalan la expulsión de miles de estudiantes de la educación superior”, aseveró la presidenta del Sindicato de Estudiantes que calificó de “completa equivocación” el acuerdo de los rectores con el ministerio. “Si los rectores defienden la educación pública, que salgan a la calle, que es lo único que sirve para parar la aplicación de la ley”, añadió.

La presidenta de esta organización estudiantil recordó que no es la primera vez que la petición de una moratoria “se queda en papel mojado” y recordó que pese al acuerdo de los rectores de retrasar la aplicación del ‘decreto 3+2’ ya hay universidades que van a impartir grados de tres años.