Dimite el fiscal general del Estado por discrepancias con el Gobierno

Eduardo Torres-Dulce, que alega “motivos personales” para renunciar al cargo, evidenció durante su estancia al frente de la Fiscalía falta de sintonía con los ministros de Justicia

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó su renuncia al cargo alegando motivos personales, aunque desde diferentes ámbitos se apunta a su falta de sintonía con el Gobierno, evidenciada de forma pública durante las últimas semanas, como causa esencial de su decisión. Según confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía General, Torres-Dulce volverá a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional, si bien desde otros ámbitos no se descarta que abandone la Carrera Fiscal.

La renuncia que Torres-Dulce comunicó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se conocía en ámbitos del PP desde el pasado lunes aunque se dispararon este miércoles por la tarde después de que éste retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el que seguía manteniendo no obstante una buena relación personal que ya no existía con el actual titular de la cartera.

El desencuentro viene de lejos y podría estar relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce ha venido haciendo gala desde el comienzo de su mandato y que se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción ha realizado de asuntos clave para el PP como son los casos ‘Gürtel’ y el de los ‘papeles’ de Bárcenas. El hasta ahora fiscal general dejó muy libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos.

Las quejas públicas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal, que no cumplían con sus expectativas para lograr la instrucción penal por los Fiscales.

Más adelante, el enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el proceso participativo del 9-N.

La “radiografía”, como el mismo Torres-Dulce la llamó, que la prensa hizo del proceso de elaboración de la querella puso negro sobre blanco que el fiscal general y el Gobierno no compartían criterio sobre los tiempos de presentación de la misma.

Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que fue él quien solicitó la prisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que mantuvo posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos ‘Bolinaga’ y ‘Matas’.

“No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito”, afirmó, para añadir: “Si tengo que sostener posición contraria al Gobierno, la sostengo”, apuntaba en su comparecencia el fiscal.

Diversas fuentes hablan de otro hito de la ruptura, la elección el pasado mes de julio de su mano derecha, el hasta entonces teniente fiscal del Supremo Antonio Narváez, como magistrado del Tribunal Constitucional, un puesto al que Torre-Dulce aspiraba. La decisión se adoptó, además, sin consultarle. Las mismas fuentes señalan que desde dicho momento, el hasta ayer fiscal general tenía clara su decisión de cesar en el cargo antes de que concluyera su mandato al final de esta legislatura, y si no lo ha hecho antes ha sido para no coincidir en la agenda con decisiones claves relativas a asuntos judiciales de importancia.

Fernández Valcárcel podría ser la primera mujer en acceder al cargo

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy su propuesta de candidato para ser el próximo fiscal general del Estado, en sustitución del dimisionario Eduardo Torres-Dulce, y que por primera vez podría recaer el cargo sobre una mujer. Como posible sustituta suena la fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Fernández Valcárcel.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, es el encargado de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros para que, tras su aprobación, sus requisitos sean examinados por el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el CGPJ se ha reservado la tarde del próximo 22 de diciembre para celebrar el Pleno que examinará la idoneidad del candidato que proponga el Gobierno para sustituir a Torres-Dulce.

En las quinielas sobre el sustituto de Torres-Dulce aparece en primera línea la fiscal del Tribunal Supremo, con categoría de fiscal de Sala, Pilar Fernández Valcárcel. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces debe cumplir determinados requisitos formales, que son los que debe analizar el CGPJ, como son el de ser un juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, según establece el Estatuto Fiscal en su artículo 29.