La Guardia Civil dio por desarticulada en Andalucía una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una operación en la que dos empresas náuticas de la Costa del Sol y de la Bahía de Cádiz fueron clausuradas.
Según informó ayer la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘operación Dolmen' se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y Cádiz, por las que se detuvo a 20 personas.
A partir de las mismas se inició una investigación económica patrimonial de las personas vinculadas a las empresas náuticas que abastecen de embarcaciones de alta gama a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de hachís.
En el desarrollo de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo ocho registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Jerez de la Frontera, y uno en Estepona (Málaga), como resultado de los cuales se incautó de 120.000 euros en metálico y dos embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.
personas implicadas
Además de las dos referidas empresas, hay un total de 69 personas presuntamente implicadas en el delito de blanqueo de capitales, algunas de ellas vinculadas a otras náuticas del Campo de Gibraltar.
Según relata el Instituto Armado, el administrador de las empresas imputadas, valiéndose del amparo legal que le otorga disponer de una sociedad del sector náutico, alquilaba o vendía a las organizaciones delictivas las embarcaciones conocidas como “gomas”.
Las empresas investigadas facilitaban el almacenaje de estas semirrígidas, que están prohibidas por el Real Decreto 16/2018 que aprobó el Gobierno en octubre.
El estudio de trazabilidad de los fondos que manejaba la sociedad determinó que el beneficio obtenido del narcotráfico era reintroducido en el circuito legal financiero español. Según la Guardia Civil, el blanqueo del capital se llevaba a cabo mediante la instrumentalización de la sociedad náutica, en la que se introducían “grandes cantidades de dinero en efectivo bajo el concepto de operaciones comerciales legales”.
Para realizar estas transacciones “fraudulentas”, las presuntas organizaciones de narcotraficantes utilizaban personas con un perfil socio-económico similar, la mayoría en paro o sin ingresos conocidos.
La “gran cantidad de dinero” permitió al administrador tener una empresa “económicamente viable” y adquirir diversas propiedades inmobiliarias. Según la Guardia Civil, esta persona habría blanqueado en los últimos cinco años fondos procedentes del narcotráfico por valor de 2,75 millones de euros.
