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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación que se abre en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. También estuvieron encima de la mesa las negociaciones para un nuevo sistema de financiación autonómica y para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, según informaron fuentes de Moncloa y del partido naranja.

Este encuentro, que se prolongó durante una hora y media, se produce una semana después de las elecciones catalanas, que ganó Ciudadanos con 36 escaños si bien el bloque independentista suma mayoría absoluta. En esta tesitura, la candidata del partido naranja, Inés Arrimadas, ha renunciado a intentar formar gobierno, una decisión que critican con dureza desde el PP, partido que ha sufrido un severo revés electoral al pasar de 11 a cuatro diputados.

La situación que se abre en Cataluña centró buena parte de esa entrevista en Moncloa, según fuentes de ambas partes. Rajoy y Rivera coincidieron en la necesidad de que el futuro gobierno catalán respete la Constitución y cumpla las “leyes democráticas” con el objetivo de “recuperar la convivencia” y “la normalidad democrática”.

Acuerdo con el 155

También valoraron la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el acuerdo del Senado hasta que se constituya el nuevo Gobierno en Cataluña como “garantía de acceso a los servicios públicos de todos los catalanes”, según Ciudadanos.

Además, Rajoy y Rivera acordaron retomar “en breve” las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El Ejecutivo buscará reeditar los mismos apoyos con los que sacó adelante las cuentas públicas de este año: Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias; así como sus socios electorales de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés.

Tal y como sucedió con las cuentas públicas de 2016, los Presupuestos de 2017 se prorrogarán el próximo 1 de enero de 2018 ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2018 en el Congreso dada la minoría de 137 diputados del PP en la Cámara Baja, y en un contexto de un parón en las negociaciones por el desafío independentista en Cataluña, que obligó al Ejecutivo a posponer su aprobación, prevista para el pasado mes de septiembre.

El jefe del Ejecutivo ya ha descartado que el resultado de los comicios en Cataluña vaya a afectar a las negociaciones sobre las cuentas públicas para el próximo año. “En el supuesto de que no salieran, sería por decisiones que nada tendrían que ver con el resultado de las elecciones catalanas”, dijo el pasado viernes.

Cumplir los preacuerdos

Antes de que la situación en Cataluña parara la negociación presupuestaria, PP y Ciudadanos habían alcanzando un principio de acuerdo sobre los PGE que incluía compromisos como extender al cine la rebaja del IVA acordada en las anteriores cuentas, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas a partir de 2018 y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.

Además, ese acuerdo incluía ayudas de guardería para las familias con hijos de cero a tres años, que se articularán a través de un impuesto negativo, o partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras. En total, 8.297 millones de euros, según avanzó Rivera en su día.

Financiación autonómica

Durante su encuentro en Moncloa, Rajoy y Rivera también hablaron de la necesidad de abordar de “forma urgente” un nuevo sistema de financiación autonómica en 2018 para “dar solución a los problemas de las comunidades autónomas respecto al mantenimiento de los servicios públicos”.

En la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero se acordó reformar el sistema en 2017, pero las complicaciones en Cataluña han ido retrasando las conversaciones. Ahora mismo, técnicos de Hacienda y de las comunidades autónomas abordan las distintas propuestas presentadas para intentar encontrar puntos de encuentro.

El Ejecutivo del PP ya había expresado su confianza en que el nuevo Gobierno de la Generalitat esté “comprometido” e impulse el trabajo para acordar un nuevo sistema de financiación autonómico.