Cárcel para el funcionario que cobró la pensión de su madre fallecida

El trabajador del Cuerpo de la Seguridad Social se embolsó durante 19 años el subsidio de viudedad y de familiar de militar. El montante recibido asciende a cerca de 138.000 euros

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El Tribunal Supremo confirmó la condena de cinco años de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla a un funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social por cobrar durante 19 años —entre 1992 y 2011— hasta 137.812 euros procedentes de las pensiones de viudedad y de familiar de militar de su madre pese a que ésta falleció en 1992. En un auto, la Sala de lo Penal del Supremo rechazó el recurso presentado por la defensa de R.A.S.M. contra la sentencia en la que la Sección Séptima de la Audiencia lo condenó a cinco años de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros como autor de un delito continuado de falsedad, en concurso con un delito continuado de estafa agravada con la atenuante de confesión.

Asimismo, condenó al acusado, que fue jefe de equipo en la Administración de la Seguridad Social número 1 de Sevilla desde 1997 y gestor informador entre 2008 y 2011, a indemnizar con cerca de 40.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social; con 14.586,79 euros a Caixabank, y con 85.086,41 euros al Ministerio de Economía y Hacienda. El condenado recurrió porque, en la sentencia, no existe exposición del razonamiento para llegar a la conclusión de que estaba obligado a comunicar el fallecimiento de su madre, señalando que, en el cobro de las dos pensiones correspondientes a su madre fallecida, habría que distinguirse en cada caso dos periodos, el primero de los cuales transcurre sin que el acusado efectuara alteración documental alguna, limitándose a cobrar a través del cajero y “sin ninguna maniobra engañosa”.

El Supremo aseveró que la sentencia explica “claramente” que el condenado “ocultó el esencial dato del fallecimiento de la madre y siguió cobrando la pensión”. De manera que “a nadie se le escapa que se estaba percibiendo un dinero que correspondía a una persona fallecida, cuyo fallecimiento, como es palmario, determinaba el fin de los pagos que le correspondían, como el acusado conocía, pues posteriormente efectuó otras conductas delictivas a fin de mantener ese ocultamiento del dato esencial” de la muerte.

“Su engaño consistió precisamente en un no hacer, es decir, en no comunicar la muerte, fue esta omisión la que determinó el acto de disposición materializado a través de los pagos de la correspondiente pensión tras el fallecimiento”, puso de manifiesto el Tribunal Supremo en el auto.