Baleares cierra dos hospitales para ahorrar casi 350 millones

El Gobierno regional impulsa un Plan para el Equilibrio Económico, que contempla modificar horarios para evitar peonadas, eliminar la productividad y la libranza después de las guardias

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El Gobierno balear anunció ayer el cierre del Hospital General y el Juan March, unas medidas que se sitúan dentro del Plan para el Equilibrio Económico. En este mismo contexto, las clínicas aragonesas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo anunciaron que dejarán de realizar esta prestación para la sanidad pública.

Después de la celebración del Consell del Govern extraordinario, el presidente balear, José Ramón Bauzá, presentó las medidas de ahorro para realizar un ajuste de 347,9 millones con el objetivo de cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento marcado por el Gobierno central. Además, anunció una serie de medidas de contención de gastos en personal, desembolso de bienes y servicios, transferencias corrientes en Educación y la declaración de crédito no disponible.

Entre las políticas anunciadas, se encuentra el cierre del Hospital General y el Juan March, cuyos servicios se trasladarán a la Cruz Roja y al hospital San Juan de Dios.

Además, en materia de Sanidad, Bauza informó que se modificarán los horarios para evitar las peonadas, se suspenderá el acuerdo de acción social relativo al cumplimiento de pensión de jubilación y se eliminará la productividad variable, así como la libranza después de guardias, que se tendrá que recuperar en horario laboral.

También se prevé el alquiler de las instalaciones -quirófanos, habitaciones y otras dependencias- del Hospital Universitario de Son Espases para, según se indicó, mejorar el aprovechamiento de los espacios. Asimismo, se cobrará el aparcamiento del mismo centro.

Mientras Baleares decide cerrar hospitales, en Aragón las dos únicas clínicas que practican abortos anunciaron que dejaban de realizar esta prestación para la sanidad pública en esa comunidad.

El motivo de la decisión se debe a la acumulación de unos impagos por valor de 800.000 euros, sin que su Administración haya ofrecido «una salida viable» a los centros. Además, el Ejecutivo aragonés no ha presupuestado ninguna partida en sus cuentas de 2012, para hacer frente a esa deuda.

Ante la situación originada, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) aseguró que los centros de esta comunidad autónoma «han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en un año y nueve meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés».

Por ello, el pasado 15 de marzo, Actur y Almozara, únicos lugares que atienden la demanda de aborto en Aragón, informaron de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración.

Vencido el plazo de 30 días para que el Gobierno regional resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, según explicaba ACAI, «y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales».

Desde entonces, dado que no ha habido cambios en la situación, las clínicas, que consideraron la situación «insostenible», decidieron que las féminas que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo».