Bajada de velocidad y reforma del carné, cambios en Seguridad Vial

La DGT trabaja en regular los patinetes eléctricos, en un año en que podrían descender los muertos en carretera pero subir en ciudades • Usar el móvil al volante estará más castigado

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La velocidad en el total de las carreteras convencionales bajará a 90 km/h.
La velocidad en el total de las carreteras convencionales bajará a 90 km/h. / EFE
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La entrada en vigor de la bajada del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en vías convencionales, la reforma y actualización del carné por puntos y la obligatoriedad de asistir a clases teóricas presenciales para sacarse el permiso de conducir, son algunos de los cambios que llegarán en 2019 en materia de Seguridad Vial.

Una de las medidas ‘estrella’ del actual Ejecutivo es hacer desaparecer la actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 km/h y 100 km/h por hora existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, estableciendo una limitación general de 90 km/h.

Esta medida, que se aprobó en el último Consejo de Ministros de 2018, podría entrar en vigor entre finales de enero y febrero. La nueva normativa tendría que aparecer en el BOE, previsiblemente en la primera semana de enero de 2019 y, a partir de esa fecha, la DGT ha puesto un plazo de 30 días para que los titulares de las vías cambien las señales. Una vez cambiadas, empezaría a aplicarse la medida.

La apuesta por reducir la velocidad no se queda ahí. Según aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la modificación del Reglamento General de Circulación en la que está trabajando la DGT también incluirá el límite de 30 km/h para las vías urbanas de un solo carril. Una medida que, aunque está presente en algunas ciudades, no está regulada a nivel estatal.

Uso del móvil

La DGT también espera reformar el carné por puntos, un sistema que fue implantado en 2006 precisamente cuando Navarro estuvo al mando del organismo de 2004 a 2012. La actualización de Tráfico pasa por aumentar la pérdida de puntos por realizar aquellos comportamientos que considera “peligrosos” en la conducción: uso del móvil; falta de uso o uso incorrecto de sistemas de seguridad (cinturón, casco o sillita infantil); y exceso de velocidad.

Según se desprende del borrador del anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de Tráfico (que se prevé que entre en vigor en 2019 aunque no hay fecha fijada), la DGT pretende quitar 6 puntos por utilizar el móvil al volante (actualmente penado con 3 puntos), equiparando así este comportamiento a: conducir con presencia de drogas en el organismo; al consumo de alcohol (más del doble de la tasa máxima permitida; a conducir de forma temeraria; con exceso de velocidad; a circular en sentido contrario al establecido; participar en carreras o competiciones no autorizadas; o utilizar mecanismos de detección de radares.

La reforma normativa que prepara la DGT también recoge algunos cambios en el sistema de formación vial y de exámenes, tanto teóricos como prácticos. La medida más importante es la obligatoriedad de pasar un curso de formación teórica presencial para poder examinarse del teórico —de 8 horas en general y de 6 horas para permisos AM, A1 y A2, una norma que pretende ser una realidad el 1 de julio de 2019, según consta en el borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores.

Patinetes eléctricos

Por otro lado, 2019 se convertirá probablemente en el año de consolidación de los patinetes eléctricos. Frente a su rápida proliferación en las ciudades durante 2018, la DGT se ha visto obligada a anunciar en tiempo récord a lo largo del año una serie de medidas básicas encaminadas a la adaptación de este Vehículo de Movilidad Personal a los entornos urbanos.

Entre las medidas que estudia la DGT, se encuentran la prohibición de que los patinetes circulen por la acera —en su defecto se aprovecharían los carriles bici—, la prohibición de usar auriculares y la limitación de la velocidad a 25 kilómetros por hora. También se baraja la posibilidad de que sus usuarios puedan ser sometidos a test de alcoholemia y drogas, y el ministro del Interior ya planteó la posibilidad de exigir un seguro obligatorio.