Han hecho falta más de dos años de crisis económica, un déficit galopante y cuatro millones y medio de parados para que, finalmente, ayer mismo, los diputados, senadores, alcaldes y vocales del poder judicial vieran cómo se iniciaba un proceso para rebajar sus salarios, que seguirán un camino paralelo al de las retribunciones de los funcionarios y los miembros del Gobierno.
Con el Plan de Ajuste aprobado por el Gobierno como único punto del día, la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió en Madrid para analizar el impacto de dichas medidas en las entidades locales y, por unanimidad, se adoptó la decisión de reducir las nóminas de los alcaldes y cargos electos de las Corporaciones en sintonía con el decreto del Gobierno, que sitúa esa rebaja entre el 0,25 y el 15 por ciento en función de las diferentes retribuciones.
Así pues, los regidores con sueldos similares al del presidente del Ejecutivo verán mermados sus emolumentos ese tope del 15 por ciento, mientras que aquellos que perciben salarios equiparables a los de los secretarios de Estado se rebajarán un 10 por ciento la nómina. Al igual que en el caso de los funcionarios, dicha reducción será efectiva en la paga de junio. En 2011 los salarios quedarán congelados.
De manera casi simultánea también los portavoces del Congreso acordaban por unanimidad recortar el salario de los diputados un 10 por ciento en su asignación constitucional básica y aplicar una serie de reducciones para los complementos, que, por otra parte, representan buena parte de sus ingresos.
Por ejemplo, el presidente de la Cámara Baja, José Bono, tendrá, un recorte del 15 por ciento en su complemento salarial, porcentaje que será del 12 para los portavoces de los grupos y los miembros de la Mesa.
Tales recortes se aplicarán igualmente al resto de los integrantes de la Cámara Alta, y la decisión se adoptará de manera oficial en una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado que se celebrará mañana.
Además, el Congreso ha acordado suspender todos los viajes internacionales de los diputados, excepto los que estén obligados por algún tipo de tratado.
En el ámbito del poder judicial, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, tiene intención de comunicar en los próximos días al Ministerio de Economía la rebaja que afectará a los sueldos de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Aunque no se ha determinado el importe de tales descuentos, fuentes del Consejo estimaron que se podría situar entre un 8 y un 10 por ciento de la retribución bruta de los vocales, que es de unos 125.000 euros anuales.
En la misma dinámica de ahorro se enmarcan otros anuncios realizados ayer, como el del Gobierno de Canarias, que reducirá tres o cuatro consejerías y procederá a disminuir las empresas públicas que de él dependen entre un 30 y 40 por ciento en 2011. Asimismo, el consejero de Economía de Baleares, Carles Manera, declaró que el presidente de su Comunidad, Francesc Antich, se está planteando disminuir el número de ministerios de la región.
Por supuesto, en medio de tal aluvión de anuncios de recortes no faltaron voces discrepantes, quejosas con el recorte salarial.
Llama la atención el descontento de funcionarios del Senado, que aprovecharon la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pleno de la Cámara Alta con motivo de la sesión de control al Ejecutivo para desfilar por los pasillos vestidos de luto en protesta por el recorte salarial decidido por el Ejecutivo.
Por su parte, el ayuntamiento madrileño de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, avanzó públicamente que no tiene intención de aplicar el decreto de rebaja salarial a sus empleados públicos, que continuarán cobrando igual.
