Publicidad

Albert Rivera presentó su dimisión como presidente de Ciudadanos, renunció a su escaño en el Congreso y anunció que ha abandonado la vida política tras la debacle electoral de su partido en las elecciones del domingo con el paso de 57 a 10 diputados en la Cámara Baja.

En una declaración en la sede de Cs, arropado por sus compañeros de partido, Rivera explicó que dimite “por responsabilidad y coherencia” y porque los éxitos de un partido “son de todos” pero los malos resultados “son del líder”.

Rivera, que no tomará posesión de su acta de diputado en el Congreso, añadió que dimite para que el proyecto de Ciudadanos continúe, porque “el centro político existe” y hay “muchos españoles que necesitan votar liberal y centro”. “Nunca estuve en política atornillado a un escaño”, proclamó Rivera, que considera que “por coherencia” debe abandonar el Congreso porque no puede ser diputado “por una nómina” cuando ser parlamentario es “un honor”.

El abogado del Estado Edmundo Bal, que se había quedado sin escaño por los malos resultados, ocupará el escaño que deja vacante Rivera, quien también anunció que deja la política y la vida pública. “La vida es mucho más que la política, tengo vida, la tuve y la tendré más allá de la política”, dijo.

Futuro del partido

La Ejecutiva de Ciudadanos se disolvió automáticamente tras la dimisión de Albert Rivera y es el Consejo General del partido el órgano que toma provisionalmente el control hasta el nombramiento de una gestora, que será la que tome las decisiones hasta la celebración de la Asamblea extraordinaria.

Según fuentes de Cs, el Consejo General convocará en quince días una reunión de este cónclave, compuesto por unos 160 miembros, que elegirá a una gestora para que se haga cargo del día a día de la formación hasta que sea el congreso del partido el que elija al nuevo presidente o presidenta de Ciudadanos, ya que ya hay voces que empiezan a señalar a Inés Arrimadas como la nueva líder del partido.

En todo caso, ese cónclave no podrá celebrarse hasta que no pase un mínimo de cuatro meses desde las elecciones, tal como marcan los estatutos.