Ajustes que no encajan

La contradicción se apoderó de los miembros del Ejecutivo tras el anuncio del presidente de un paquete de medidas para frenar la crisis. Al final, Elena Salgado dio la cara por todos.

0

Un ministro del Gobierno, que conoce al presidente desde mucho antes de que fuera candidato a la Secretaría general del partido, comentaba hace pocas semanas: «José Luis (Rodríguez Zapatero) no es hombre de equipos, sino de personas. Y cuando está obligado a dirigir un grupo entonces trata de enfrentar a unos contra otros, para imponer finalmente su criterio y demostrar así quien manda».

Ese enfrentamiento entre los ministros es exactamente lo que se ha vivido desde que Zapatero anunció en el Congreso de los Diputados las medidas que pensaba aplicar para tratar de aliviar la crisis económica. Estos ajustes han sacado a la luz pública los serios desajustes que existen en el seno del Consejo de Ministros. Unas diferencias que han provocado no ya discrepancias entre los diferentes responsables de las políticas que debe aplicar el Ejecutivo, sino que han creado confusión, inquietud y desconcierto entre los ciudadanos ante el cúmulo de mensajes contradictorios que se han emitido.

La Unión Europea y Estados Unidos fueron clave para que Zapatero finalmente tomara conciencia de que estaba obligado a presentar un férreo plan de ajuste. Plan al que también estaban obligados otros países comunitarios, pero en la opinión pública española no importan las indicaciones que se han hecho a otros Estados, sino las nuestras.

Una vez recibido el mensaje conminatorio de Bruselas y de Obama, el Gobierno anunció que se presentará una batería de propuestas el miércoles día 12 en el Congreso, y es entonces cuando comienza el cúmulo de errores.

Información uno a uno. El fin de semana anterior el líder socialista reunió al equipo económico para poner negro sobre blanco ese ajuste. Solo los responsables de Economía y Hacienda, ni siquiera participa el ministro de Trabajo. El martes es informada la vicepresidenta política María Teresa Fernández de la Vega, y otros ministros directamente implicados en el ajuste -Corbacho, Blanco, Chaves- de las medidas, y De la Vega se pone en contacto con los sindicatos para anunciarles que se procederá a la congelación de las pensiones y a la reducción salarial de los funcionarios. Lo hace ella porque ha sido la persona que ha negociado las medidas salariales con los sindicatos de funcionarios, y ella quiso que tuvieran información por su persona, entre otras razones porque el ajuste echaba por tierra el acuerdo a los que se había llegado.

Pocos ministros más conocían de antemano las medidas de ajuste, y así lo reconocían en el Congreso al finalizar la intervención del presidente. No ocultaron su preocupación porque el ajuste significaba que varias de las iniciativas ya en marcha tendrían que anularse hasta que llegaran tiempo mejores, y también porque temían problemas con los funcionarios y con el personal contratado.

Zapatero era consciente de que el plan sería recibido con reticencias por la oposición, y que necesitaría el apoyo o la abstención de varios de los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto de ley.

El en persona llamó a Íñigo Urkullu tras la presentación del plan de ajuste, y el presidente del PNV no se pronunció ni a favor ni en contra, mientras su portavoz Erkoreka decía en Madrid que necesitaba más concreción antes de tomar una decisión. Elena Salgado por su parte llamaba el día 13 a Josep Sánchez Llibre para pedirle el apoyo de CiU, pero el responsable de las cuestiones económicas del grupo catalán también dio una larga cambiada. No estaba de acuerdo, como casi ninguno de los partidos de la oposición, con la congelación de las pensiones y, además, quería tener más datos sobre la política fiscal. Que fue, precisamente, donde el Gobierno dio más muestras de descoordinación, hasta el punto de que durante varios días no hubo manera de saber cuales eran las intenciones en ese sentido.

Opiniones enfrentadas. Elena Salgado y Miguel Sebastián eran contrarios a una subida de impuestos, pero desde el partido clamaban por gravar a los económicamente más pudientes pues tenían miedo a perder el voto de la izquierda por apostar por políticas contrarias a las que siempre ha defendido su signo político.

Fernández de la Vega se pronunció a favor de subir las tasas a los «más ricos», lo que desmintió Salgado; el presidente se refirió a la necesidad de incrementar el impuesto a «los que más tienen», y Leire Pajín declaró, por su parte, que subirían los impuestos a los más ricos y que esa subida sería inminente, afirmación que inmediatamente apareció en la página web del PSOE y que además no era desmentida por Moncloa. Finalmente, otras fuentes dijeron que la decisión que fuera se tomaría en el consejo de ministros del jueves, y el PSOE retiró las declaraciones de Pajín a la espera de lo que anunciara el Gabinete.

Blanco, por su parte, aparecía en diversos medios dando explicaciones, guardándose muy mucho de confirmar las declaraciones de unos o de otros. Se limitó a explicar las razones que justificaban la dureza de las medidas.

El estupor era continuo y, a medida que crecían las contradicciones, se incrementaba también la desconfianza en las medidas, que parecían cogidas con alfileres.

En el consejo del jueves pasado se hizo autocrítica y se decidió que fuera la vicepresidenta económica la que diera todas las explicaciones necesarias, con la vicepresidenta política al lado para demostrar así públicamente su aval a lo que dijera Elena Salgado. Que, para no abundar en la discrepancia que ella misma había mantenido con el presidente de Gobierno, anunciaba que la subida de impuestos a los más ricos no sería «inmediata». Pretendía así salvar la cara a todos, a los que abogaban por esa subida y a los que preferían esperar a ver cómo se comportaban los mercados ante la subida del IVA.