La Mesa del Congreso admitió ayer a trámite la primera propuesta de reforma constitucional planteada esta legislatura por un parlamento autonómico, concretamente una iniciativa de la Junta General del Principado de Asturias que plantea cambiar la Carta Magna para ampliar la participación ciudadana y cuyo primer debate en el Pleno de la Cámara Baja podría tener lugar antes de que finalice este año.
Según informaron fuentes parlamentarias, el órgano de Gobierno de la Cámara ha decidido calificar el texto aprobado el pasado 19 de septiembre por el Parlamento asturiano como una reforma constitucional, lo que no impedirá que el Pleno del Congreso la debata como el resto de proposiciones de ley enviadas por Cámaras autonómicas.
Estas iniciativas procedentes de las comunidades se debaten según su orden de llegada al Congreso —con excepción de las que plantean reformas estatutarias que tienen prioridad— y habitualmente se reserva para su debate la primera sesión plenaria de cada mes.
La reforma constitucional impulsada por el Parlamento asturiano tiene por delante una iniciativa del Parlamento vasco, para incorporar a Álava el Condado de Treviño, que iba a haberse debatido el pasado mes de septiembre, pero que al final fue aplazada a petición de la Cámara de Vitoria. Así las cosas, la propuesta asturiana podría debatirse en noviembre o en diciembre.
HAY DOS ESPERANDO
En lo que va de legislatura en el Congreso se han presentado dos propuestas de reforma constitucional ambas promovidas conjuntamente por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, aunque ninguna ha llegado a debatirse en el Pleno del Congreso. Una busca revocar el artículo 135 que introdujeron el PP y el PSOE en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria, y la otra persigue reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral.
El texto asturiano, aprobado por PSOE, IU y UPyD y que recibió los votos en contra de PP y Foro Asturias, promueve la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta.
