Desde que Túnez viviera la conocida como Revolución de los Jazmines, que obligó al entonces presidente, Zine El Abidine Ben Ali, a abandonar el Gobierno en 2011, el país no ha encontrado la estabilidad política, con un continuo cambio de mandatarios al frente del Ejecutivo y progresivas manifestaciones en contra de los cargos públicos. De este modo, y en vistas de que la situación en la nación árabe no avanza, el primer ministro, el islamista Ali Larayedh, presentó ayer su dimisión con el fin de dejar vía libre a la formación de un Gabinete interino, formado por tecnócratas, que culmine la transición a la democracia en el Estado africano.
«Acabo de entregar mi renuncia al presidente (Moncef Marzouki)», declaró a primera hora de la tarde. «Será él quien designará al nuevo primer ministro, Mehdi Jomaa, en breve y éste presentará su nuevo equipo en los próximos días», añadió.
Su dimisión constituye un paso clave en la hoja de ruta acordada por los diferentes partidos políticos tunecinos para sacar a la nación de la crisis que desató el asesinato, el pasado julio, de un diputado de la oposición secular.
«Queremos dar una imagen de transición democrática made in Túnez», agregó en su despedida el ya exmandatario, que ha permanecido 10 meses al frente del Gobierno. «Es hora de empezar una nueva etapa», concluyó.
El titular de Industria, Mehdi Yomaa, fue escogido por los gobernantes islamistas moderados y por los opositores en un diálogo nacional para tomar el mando del Ejecutivo, integrado por expertos, que dirigirán el país hasta que se convoquen de nuevo elecciones, que, previsiblemente, se celebrarían antes de que finalice el año.
El nuevo equipo tendrá que hacer frente a una situación complicada, iniciada hace tres años, después de la revuelta que acabó con el autócrata Ben Ali. El país inició entonces un camino hacia una democracia estable, que se encuentra ya en su etapa final.
Túnez, uno de los países más laicos del mundo árabe, ha tenido problemas debido a diferencias sobre el papel del Islam y el aumento de la militancia árabe de línea dura desde la revuelta en 2011 que inspiró otros levantamientos en la región.
La muerte de dos líderes opositores laicos en manos de hombres armados el año pasado despertó la ira de los enemigos del partido gobernante, la formación islamista Ennahda, que tomaron las calles para reclamar que los miembros del grupo renunciaran a sus cargos.
A finales del año pasado, Ennahda llegó a un acuerdo con la principal agrupación opositora, Nidaa Tounes, para entregar el poder una vez que los partidos hayan terminado de delinear una nueva Constitución, establecer una fecha de elecciones y designar un consejo electoral para controlar la votación. Gran parte de ese pacto ha sido cumplido: la Asamblea Nacional está votando sobre las últimas cláusulas de una nueva Carta Magna y el pasado miércoles designó a una comisión electoral de nueve miembros.
El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a reformas económicas para reducir su déficit mientras logra capear el descontento popular por el elevado coste de vida y la falta de oportunidades económicas desde la revolución.
Las autoridades señalan que militantes del grupo islamista Ansar al Sharia, cuyo líder responde ante Al Qaeda, también están aumentando su amenaza en el país, cuya economía depende fuertemente del turismo extranjero.