El último pleno municipal de 2020, en esta ocasión con carácter extraordinario, abordó como único punto del orden del día un trámite administrativo destinado a llevar adelante la expropiación del edificio de la calle Antonio Machado para dar cumplimiento al Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) que prevé la futura reurbanización de la vía y su confluencia con la plaza de José Zorrilla.
Lo que inicialmente parecía una sesión puramente protocolaria, ya que las posturas de los grupos políticos habían garantizado la aprobación de la delegación en la alcaldía para la firma de los convenios expropiatorios con la propiedad del inmueble, se convirtió en pocos minutos en un enconado debate político en el que desde la oposición se cuestionaba la gestión en materia de urbanismo que ha dado lugar a tener que enmendar con un pleno extraordinario el “error” en la tramitación de este expediente.
Pese a que la concejala del área Clara Martín dejó bien claro que el dictamen llevado a pleno forma parte del proceso expropiatorio y que éste se ha realizado con arreglo a los criterios marcados por los técnicos municipales, tanto PP como Ciudadanos coincidieron en criticar la falta de gestión que, en su opinión, pone en riesgo posibles consecuencias legales que puedan costar dinero a las arcas municipales si la expropiación no alcanza un acuerdo con la propiedad.
Así, Pablo Pérez (PP) aseguró que este pleno es fruto de la “improvisación” del equipo de Gobierno a la hora de gestionar, y aunque señaló que su grupo no se opondría al dictamen, precisó que la abstención es la postura más lógica ante una decisión que puede traer consecuencias preocupantes.
Por su parte, Noemí Otero (Ciudadanos) calificó como “preocupante” que la concejala de Urbanismo, Clara Martín, justifique la celebración de este pleno con la intención de dotar de seguridad jurídica a una actuación municipal. Lo que nos lleva a entender que previamente no existía tal seguridad jurídica, lo cual es absolutamente gravísimo para nuestra ciudad”.
La portavoz de la formación naranja ha incidido en que “la alcaldesa tenía la pretensión de actuar por su cuenta y riesgo en este delicado asunto. En el último momento han cambiado de parecer para intentar evitar nuevos problemas jurídicos en un futuro hipotético y previsible litigio motivado por la expropiación forzosa en este mismo edificio”.
Por su parte, Podemos aseguró que “es evidente que este pleno es el resultado de un error técnico, de una gestión técnica cuyo resultado no es el que se esperaba ni se debía haber producido”. Sin embargo, el concejal morado ha querido señalar que el pleno ha servido para “evitar un mal mayor a los contribuyentes: el elevado coste que puede suponer para las arcas municipales dar un paso en falso jurídicamente en materia de expropiaciones, cuestión que, lamentablemente, Segovia conoce de sobra”.