La Eurocámara exige un acuerdo sobre la reforma del sistema de asilo

Los grupos políticos de la Eurocámara exigieron ayer a los gobiernos de la Unión Europea que alcancen un acuerdo sobre la reforma del sistema común de asilo en la próxima cumbre de líderes en Bruselas, los días 28 y 29 de junio, y acusaron a los estados miembros de “bloquear” esta reforma, a pesar de que el Parlamento ya fijó su posición al respecto en noviembre de 2017, con un acuerdo político de los distintos grupos.

“Aprueben de una vez por todas el paquete de Dublín, resuelvan una situación que solamente está dando beneficios a aquellos que están en contra del proyecto europeo”, afirmó la eurodiputada socialista Elena Valenciano, en referencia al capítulo de la reforma que genera mayor división en el seno del Consejo: el Reglamento de Dublín, que establece las obligaciones de los estados miembros a la hora de gestionar las peticiones de asilo.

“Antes de que Salvini utilizara el sufrimiento humano para ganar algunos votos, Renzi ya pidió ayuda y nadie le ayudó, Grecia está recibiendo un gran número de migrantes, España también, y los estados miembros no pueden abandonar a estos países en una gestión migratoria que debe ser común”, ha recordado Valenciano tras citar el caso del barco de salvamento ‘Aquarius’, con más de 600 migrantes a bordo, al cual le fue denegado el atraque en Italia y que se dirige a Valencia.

La eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril, del grupo popular, exigió, por su parte, que se apruebe “de manera urgente” la reforma del sistema europeo de asilo, ya que “ni España ni ningún país debe asumir este reto (migratorio) en solitario” y alertó de que “otro fracaso en política migratoria hundiría el proyecto europeo”, a la vez que dijo sentirse “orgullosa de que España siga salvando vidas” en un debate parlamentario sobre la situación migratoria en el Mediterráneo.

La solución a la crisis abierta por el caso de la nave ‘Aquarius’ “no puede convertirse en una norma, en una forma de actuar que vulnere el Derecho Internacional y criminalice a las ONG” aseguró el eurodiputado de Podemos (grupo de la Izquierda Unitaria) Miguel Urbán, quien considera que el caso “demuestra que es imprescindible crear rutas seguras” para los migrantes y “dar la vuelta a las políticas migratorias de la Europa fortaleza”.

Por otro lado, el eurodiputado de Ciudadanos (ALDE) Javier Nart recordó que “la tragedia del Mediterráneo es responsabilidad colectiva de todos los estados miembros del Consejo, pues dos años después de que la Comisión propusiera la reforma de Dublín, siguen sin tener una posición”.

Llamada a la reflexión

Asimismo, la eurodiputada de Izquierda Unida (Izquierda Unitaria) Paloma López Bermejo llamó a la reflexión: “¿Cómo es posible que la UE consienta a un país miembro que viole de manera flagrante la legislación internacional y no pase nada? Si permitimos que se pueda vulnerar impunemente el Derecho Internacional, la UE quedará deslegitimada y abre la puerta a que la xenofobia y el fascismo sigan extendiéndose”.

La vulneración del Derecho Internacional por parte del Gobierno italiano también ha recibido las críticas de los parlamentarios del grupo de los Verdes Ernest Urtasun y Florent Marcellesi, que han pedido a los estados miembros que “cumplan con sus obligaciones”.
El caso del ‘Aquarius’ solo es un síntoma de una realidad tan dura como inaceptable, el Mediterráneo es la frontera más desigual y más mortífera del mundo”, ha afirmado el eurodiputado de Esquerra Republicana (Verdes) Jordi Solé, quien también ha pedido “avanzar en la reforma del sistema de Dublín” para encontrar una solución común a la cuestión migratoria en la UE.
Varios eurodiputados, entre ellos la independiente Beatriz Becerra (ALDE) o la italiana Barbara Spinelli, del grupo de la Izquierda Unitaria, pidieron a la Eurocámara estudiar la posibilidad de llevar al Consejo ante el Tribunal de Justicia de la UE si no aprueba la reforma del sistema de asilo en la cumbre de junio, tal y como ya pidió ayer el líder de los liberales, el belga Guy Verhofstadt. Se trata de una acción prevista por el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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