La gran oportunidad de modernización que se vendió mediáticamente hace dos años parece hoy un saco de dudas y opacidades. La Comisión Europea aceptaba endeudarse por primera vez en su historia, un anatema para los países del norte frente a las peticiones sureñas. Tras largos forcejeos entre estados beneficiados y perjudicados por la implantación de la moneda europea hace veinte años, la dimensión de la catástrofe pandémica obligó al eje franco-alemán a abandonar su hasta entonces rotundo rechazo. La cumbre de los 27 líderes europeos se prolongó durante cuatro jornadas estivales de julio, pero Macron y la entonces canciller germana, Angela Merkel, ya habían pactado dos meses antes las líneas maestras del plan.
España exhibió el acuerdo como un triunfo político indiscutible, al erigirse como uno de los mayores receptores de la UE con 140.000 millones (entre 2021 y 2026), de los que algo más de la mitad corresponden a ayudas directas. Pero, como reza el dicho anglosajón, “el diablo está en los detalles”, expresión que alude a que la concreción en la realización de cualquier proyecto puede desvirtuar las buenas ideas. Y ahora parece que Mefistófeles mueve el rabo…
En la presentación se indicó que 360.000 millones se destinaban a préstamos y otros 390.000 a transferencias, calibradas en función del impacto de la pandemia en cada estado. En concreto, para un país tan turístico como España se concedieron en forma de transferencias para ayudas directas no reembolsables 72.000 millones de euros, y el resto, en forma de préstamos. La Comisión Europea se comprometió a emitir deuda en los mercados con respaldo presupuestario de todos los países: lo nunca visto. Eso supuso elevar temporalmente el “techo” de recursos propios de las cuentas europeas.
Ese tiempo y dinero de ilusiones sobre el papel (que lo aguanta todo) servía para financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La UE disponía así de un poderoso instrumento de estímulo económico sin precedentes para financiar las ayudas. Con las vitaminas europeas, ese dinero permitiría lograr tres metas muy ambiciosas: la transición digital, la transición ecológica y la formación de trabajadores y estudiantes para adaptarse a los nuevos horizontes.
Ahora, con la perspectiva del ejercicio 2021 completo en términos de aplicación de ese dineral, se multiplican las dudas. La guerra de Ucrania (reactivada en febrero de este año) ha trastocado los escenarios macroeconómicos y el panorama está sembrado de incertidumbres, acrecentadas sin descanso durante estos últimos meses. Por un lado, en un principio se desconocía cómo llegarían realmente estos fondos de forma real a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, la madre del cordero. También se puso en solfa la capacidad de las administraciones para asignar tal volumen de recursos, muy por encima de los habituales y, encima, en un corto espacio de tiempo. Respecto a España, las dudas iban desde el mecanismo de reparto de los fondos entre las autonomías hasta el papel del sector público en la operación, para lo que se instituyeron los PERTE (Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Hasta el pasado verano se han aprobado 11 PERTE, aunque para la mayoría no se han materializado las convocatorias. Algunos, como el del coche eléctrico y conectado (24.000 millones de euros), sufren notables escollos en su desarrollo.
Los primeros avisos llegaron desde varias Comunidades Autónomas, azuzadas por intereses políticos de la oposición, que revelaban complicidades ante los procesos para acceder al maná prometido. La última en protestar ha sido Galicia. El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha indicado recientemente que el Gobierno autonómico “no puede ejercer” sus competencias en materia industrial al estar “cien por cien confiscados” por parte del Gobierno central los fondos Next Generation y ha pedido un “cambio de rumbo” para apoyar a empresas del sector naval y automovilístico a través de los PERTE.
Más allá de nuestras fronteras, la Comisión Europea había advertido al Gobierno español el pasado septiembre de que no habrá más pagos de Next Generation hasta que un nuevo sistema de control de gasto se ponga en marcha y esté completamente operativo. Esos problemas de auditoría podrían retrasar la tercera entrega de 6.000 millones de euros comprometidos para el segundo semestre de este año.
También los empresarios alzaron la voz nada más concluir el primer año de aplicación de los fondos. En enero de 2022, la CEOE lamentó la “lentitud” en España para monetizar las ayudas en contraste con la agilidad en Francia, Portugal o Italia. Esa parsimonia se plasmaba a lo largo del primer informe empresarial de seguimiento sobre estos Fondos Next Generation y se identificaba como principal problema la “falta de agilidad administrativa”: bienvenidos al club.
Los autores del informe lamentaron la “ineficacia del sistema de gestión” impuesto por el Gobierno y concluían que los recursos “no llegan a la economía real al mismo ritmo”. Y añadía el documento: “Es importante no confundir los conceptos ‘asignar’ o ‘comprometer’ con ‘ejecutar’. Solo el desembolso de fondos a empresas y entidades que no forman parte del sector público tiene un impacto real en la economía”. El Ejecutivo de Sánchez argumentó que el impacto de las ayudas también es previo a la fase de ejecución, ya que las firmas pueden empezar a contratar y comprar material antes de ingresar el dinero una vez garantizado que el proyecto tiene luz verde.
Los datos del informe de la patronal muestran que España recibió 19.000 millones de fondos Next Generation en 2021, captados en un tramo de 9.000 millones (verano) y otro de 10.000 millones (diciembre), 5.000 millones de euros por debajo de lo previsto en los presupuestos. Al mismo tiempo hubo convocatorias de subvenciones y licitaciones por valor de 9.300 millones.
Por ese motivo, la CEOE puso el acento en la necesidad de “acelerar la publicación de convocatorias por parte de todo el sector público” y muy especialmente en las Comunidades Autónomas y ayuntamientos. La organización se quejaba de los plazos de presentación de proyectos, que rondan las tres semanas, aunque ha habido casos inferiores a diez días, y ha solicitado ampliación para que pymes (pequeñas y medianas empresas) y autónomos puedan acceder a las ayudas. Un caso muy difundido es el de Industria Conectada 4.0, ayudas para promover la transformación digital de las empresas, que lanzó en agosto la Secretaría General de Industria y Pyme y donde se fijaron solo ocho días hábiles para presentarse. El resultado fue que únicamente se ejecutaron 9,9 millones de un total de 95 (solo el 10,4%).
Las pymes disponen de menor capacidad legal y administrativa que las grandes firmas, lo que choca frontalmente con los cortos plazos que la Administración impone en las convocatorias. En este sentido, un reciente informe de Cepyme señalaba que el 65% de pequeñas y medianas empresas considera que no podrá participar en las inversiones ni recibir subvenciones de estos fondos europeos. En otras palabras, dos de cada tres pymes podrían renunciar a conseguir esas ayudas. Y precisamente las pymes suponen el 98% del número total de empresas, contribuyendo con el 62,2% del PIB y el 72,4% de los trabajadores.
Pero puede que la realidad sea mucho peor. Un reciente informe de la firma de seguros Hiscox, elaborado por la consultora KPMG, revela que solo un 2,4% de las pymes con trabajadores ha intentado acceder a los Fondos Next Generation. Dicho estudio concluye que “la UE ha puesto en bandeja una financiación destinada al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que pretende potenciar todas las palancas”. Y añade: “Las encuestas indican que solo el 2,4% de las empresas ha solicitado fondos Next Generation y un 10,3% los piensa solicitar”. Si este elemento clave para generar empleo desiste de tal manera, el escenario se torna borrascoso.
Las exigencias de control de la Unión Europea y los vericuetos burocráticos desincentivan, por tanto, al auténtico motor de la economía real en España; dicho de otra forma, cabe pensar que estas ayudas se han diseñado en función de los intereses de las grandes empresas. Solo las organizaciones de notable dimensión pueden cofinanciar proyectos y además gozan de la posibilidad de subcontratar a pequeños negocios para enredarse en los laberintos administrativos que permiten llegar al dinero público europeo. Quien parte y reparte…
Tal vez por ello, la CEOE ha pedido que aumente el porcentaje medio de cofinanciación (cuando se exige a las firmas que aporten parte de la inversión para acceder a ayudas), que se sitúa en el 30%. Además, el estudio presentado por la patronal señala que Portugal supera a España en convocatorias (25% de los fondos asignados, frente al 10% en nuestro país); que Francia ha constituido un comité de evaluación que publica datos sobre ejecución real, y que en Italia se han contratado trabajadores en el sector público para agilizar la tramitación de propuestas. Entre las recomendaciones de la CEOE también se encuentra acelerar los grandes proyectos estratégicos a través de los PERTE, facilitar la concurrencia de pymes y autónomos, mejorar la coordinación entre administraciones e “implicar” al sector financiero para garantizar la “capilaridad” del plan. En resumen, los empresarios creen que no se está aprovechando esta oportunidad.
Otro agente económico relevante también lanza advertencias. El Banco de España calcula que los fondos europeos contribuirán en un 1,4% al PIB durante 2022, pero este porcentaje caerá si las ayudas se demoran y no llegan en el plazo previsto. El Banco de España resalta “el efecto tractor” de las ayudas públicas y calcula que un incremento del 1% en la inversión pública repercutirá en un crecimiento similar de la inversión privada a corto plazo. El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuestiona la eficacia de Next Generation para atraer inversión privada a corto y medio plazo. Según el Banco de España, resulta preciso canalizar el capital hacia las infraestructuras, comunicaciones o el fomento de la I+D+I. Sin embargo, considera que no estimulan la actividad privada acciones como el plan de rehabilitación de viviendas, dotado con una partida de 6.500 millones de euros, pero el empleo nunca ha sido una obsesión entre las recomendaciones del antiguo banco emisor.
Lo cierto es que estos Fondos Next Generation (que significa Próxima Generación, casi dando por perdida la presente) se financian con deuda pública europea y a España le corresponderá una parte proporcional (en función del peso de su PIB). Los niveles de endeudamiento de nuestro país no invitan al optimismo, porque la deuda pública supone el 117% del PIB. Solo el tiempo y las correcciones al sistema implantado permitirán saber si se han aprovechado las ayudas para culminar las reformas estructurales, además de mejorar la productividad y la competitividad, pero para ello es crucial que el dinero llegue a todo el tejido empresarial, con las pymes como protagonistas. El reparto del “botín” europeo debería ser cosa de todos y no de los de siempre.
