El fiscal Gerardo Pollicita apeló ayer el fallo del juez Daniel Rafecas que desestima la denuncia presentada por Pollicita contra la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuestamente encubrir a los sospechosos del atentado contra la AMIA, según informó la prensa local del país sudamericano.
Ahora será la Cámara Federal, en una de sus dos salas, a elegir por sorteo, quien decida si ratifica el fallo de Rafecas o, por el contrario, da curso a la denuncia de Pollicita y mantiene la imputación de Fernández de Kirchner.
La noticia se conoció el mismo día en que el Gobierno publicó en los principales diarios argentinos un anuncio en el que defiende la decisión de Rafecas y acusa a Nisman de buscar “un efecto político desestabilizador”.
La insistencia de Pollicita, que sustituyó a Nisman como fiscal interino del caso AMIA, pone contra las cuerdas al Gobierno argentino ya que, si la Cámara Federal, respalda la decisión del Ministerio Público Fernández de Kirchner quedaría imputada.
Su vicepresidente, Amado Boudou, también está inmerso en varias causas judiciales. Por una de ellas, el caso Ciccone, en el que se investiga la compra irregular de una empresa de fabricación de papel moneda, se sentará en el banquillo de los acusados.
El 13 de febrero, Pollicita anunció la imputación de Fernández de Kirchner, su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D’Elía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.
El fiscal se basó en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las principales pruebas periciales.
Nisman denunció “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina”.
De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por módicas cantidades de granos argentinos.
Pollicita también hizo suyos los cargos de Nisman apuntando a un delito de “encubrimiento”, con una pena de entre seis meses y tres años, otro de “impedimento o estorbo del acto funcional”, con entre 15 días y seis meses de cárcel, y otro de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, con entre un mes y dos años.
Sin embargo, el 26 de febrero, Rafecas consideró que no se dan los elementos necesarios para que prospere la denuncia de Pollicita, tumbando así las imputaciones de Fernández de Kirchner y los demás dirigentes oficialistas.
“No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado”, dijo el juez Rafecas.