Desafío mortal de las FARC

Los rebeldes colombianos matan al gobernador del Caquetá tras tenerlo un día secuestrado y después de que el Gobierno de Uribe ordenara su rescate militar y el del resto de los cautivos

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El gobernador del departamento colombiano de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, fue encontrado ayer muerto tras pasar casi un día secuestrado a manos de los presuntos rebeldes de las FARC que lo habían hecho cautivo en su domicilio de Florencia, la capital de ese territorio.

«Lo asesinaron, lo degollaron», denunció el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que confirmó el desenlace fatal del rapto de Cuéllar horas después de que ordenara el rescate militar de este funcionario y de los demás retenidos por las FARC.

En una alocución al país por radio y televisión, Uribe precisó desde la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo, que los «narcoterroristas» mataron al político cerca del lugar en el que habían incendiado la camioneta en la que huían con él. El vehículo fue hallado en Alto Brasil, paraje de la zona rural de Florencia, ciudad distante 562 kilómetros de la capital colombiana y en la que los insurgentes secuestraron a Cuéllar el pasado lunes.

El rapto lo cometieron unos rebeldes vestidos de militares que irrumpieron en el domicilio del gobernador después de arrojar una granada contra la puerta de la vivienda y enfrentarse a los escoltas, tiroteo en el que murió un policía y dos más resultaron heridos.

En un comunicado leído a la prensa en Florencia por el ministro de Defensa, Gabriel Silva, los funcionarios y mandos de las fuerzas de seguridad advirtieron de que los rebeldes habían instalado nueve «cargas explosivas» alrededor del vehículo, bombas que, según la nota, «pudieron ser desactivadas».

El documento fue divulgado tras un consejo de seguridad que reunió en Florencia a Silva, los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército, los generales Freddy Padilla de León y Óscar González, respectivamente, y los directores de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), Felipe Muñoz.

Estos trabajadores se habían desplazado a primera hora a la capital caqueteña por decisión de Uribe, que les ordenó que intentaran rescatar a Cuéllar y a los otros secuestrados por las FARC, entre ellos 24 militares y policías que esta guerrilla retiene con fines de canje por medio millar de insurgentes presos.

A la zona ya habían sido movilizados batallones y comandos de fuerzas especiales del Ejército y la Policía, y era sobrevolada por 10 aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y de la aviación de otras fuerzas.

Todos los «medios técnicos y logísticos disponibles» habían sido puestos al servicio de esta operación de rescate, que se centraba en una de las regiones del país con mayor presencia de las FARC.

Además de estas operaciones, el Gobierno promovía la oferta de 1.000 millones de pesos (casi medio millón de dólares) como recompensa por alguna información que permitiera el rescate de Cuéllar y la detención de los responsables del secuestro.

En su alocución, Uribe mantuvo esta oferta, que tiene como objetivo particular los mandos de la Columna Móvil Teófilo Forero, reducto de las FARC al que se ha atribuido el secuestro y asesinato del gobernador, ganadero de 69 años que en cinco ocasiones había sido víctima de secuestro, a manos de la misma guerrilla.

Las primeras cuatro fueron en 1987, 1995, 1997 y 1999, siempre con fines de extorsión, que fueron los mismos por los que la esposa de Cuéllar, Imelda Galindo, estuvo en poder de los insurgentes en el primer caso de retención. «Hemos dado instrucciones para que el operativo militar que se emprendió para rescatar al gobernador se mantenga para capturar a los responsables del secuestro y asesinato», adelantó Uribe, que dejó entrever su pesar por este desenlace.

«En medio del dolor, con toda la fortaleza, avanzaremos en la derrota del terrorismo, para liberar de esta pesadilla a las nuevas generaciones de colombianos», afirmó el presidente tras invitar a la reflexión a quienes «pretenden dar reconocimiento político a los narcoterroristas de las FARC».