Los Presupuestos Generales del Estado recogen las actividades del sector público estatal durante un ejercicio, en definitiva un documento en el que se recoge la previsión anual de ingresos y los gastos del sector público estatal. Los indicados Presupuestos representan el instrumento más importante de la política económica de un Gobierno, un documento realizado dentro del Programa de Estabilidad elaborado en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y donde se ha de reflejar la situación de la economía española y la orientación de la política económica. Los objetivos de estabilidad y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Estado son determinados cada año por el Gobierno seguidamente y referidos a los tres ejercicios siguientes, un acuerdo que debe ser aprobado por las Cortes Generales. Unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes y que abarcan los presupuestos con carácter limitativo del Estado, de los Organismo Autónomos y de la Seguridad Social donde se recogen el gasto público máximo, así como los presupuestos de carácter estimativo de las entidades públicas empresariales, de las sociedades eCstatales y el resto de entidades.
El presupuesto de gastos se clasifica por programas, donde se fijan los objetivos a conseguir de acuerdo a la organización del sector administrativo (clasificación orgánica) y en función de la naturaleza de los gastos (clasificación económica). Cada programa presupuestario determina el gasto que se considera necesario realizar para el desarrollo de cada actividad pública y a través de programas finalistas y programas instrumentales. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incorporan los créditos necesarios para financiar las actuaciones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia como instrumento para canalizar los fondos europeos de recuperación. En la estructura económica de los Presupuestos han de destacarse los gastos por operaciones corrientes y operaciones de capital, en este último caso donde se reflejan las inversiones reales. Los ingresos derivarán de las operaciones corrientes: impuestos directos, indirectos y otros ingresos, y de operaciones de capital.
También se integran en los Presupuestos Generales del Estado los presupuestos estimativos de las entidades públicas empresariales, de sociedades mercantiles estatales y de otras entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado. Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado recogen la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal, así como el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevé un gasto público récord a pesar de la desaceleración del PIB en el último trimestre de este año. El Estado se gastará la cifra de 266.719 millones de euros (50 billones de pesetas), el mayor gasto público social de la historia. El gasto en pensiones supone un incremento del 11,4%, 19.888 millones de euros más, consecuencia de una subida de las pensiones lineal del 8,5% hasta los 190.687 millones de euros. Lo que determinará la necesidad de una aportación del presupuesto del Estado a la Seguridad Social, a parte de una partida de 2.540 millones de euros para pensiones no contributivas y por contribución a la prestación por nacimiento y cuidado del menor. La pensión máxima se situará en 42.840 euros anuales (3.060 euros al mes), de modo que la pensión media se situará en España en 1.363,8 euros mensuales. La gestión y administración de Trabajo y Economía Social crece un 35,3% y el gasto en materia de inclusión, de la seguridad social y de la emigración sube un 114,7%. Los ingresos de la Seguridad Social se situarán en 204.208 millones de euros (+12,8%), con un aumento de las cotizaciones sociales hasta 152.075 millones de euros (+11,5%), gracias al aumento de los salarios y sobrecotización del 0,6%. Sin embargo, el Tesoro deberá prestar a la Seguridad Social 10.000 millones de euros (+43%), al propio tiempo que el Estado habrá de transferir 38.904 millones de euros a la propia Seguridad Social (+7%), 20.000 millones euros para a financiar el Pacto de Toledo).
Sin embargo, el gasto en Desempleo se reduce un –5,3% a la espera de la mejora del mercado laboral, aunque la reforma pactada entre PSOE y Unidas Podemos determinará un alza de 100 euros al mes por perceptor, de manera que a partir del sexto mes de paro, se aplicará un aumento de la base reguladora del 50% al 60% que beneficiaría a 300.000 personas. Igualmente las políticas de fomento de empleo solamente crecen un 5%, a diferencia de la partida para financiar los servicios sociales y promoción social que se incrementa en un 15,2%. Las ayudas a los jóvenes se aumentan en un 13,2% hasta los 12.741 millones de euros, con un incremento de la partida de becas en 400 millones de euros más, el Programa Escuela 4.0, la consolidación del bono del alquiler de 200 euros y la previsión de 260 millones para el alquiler, junto con 3.472 millones de euros para el acceso a la vivienda.
En un año electoral los gastos de personal de los funcionarios se incrementarán en un 6,6% en 2023 hasta los 20.492 millones de euros, un incremento que arranca en 2022 con una subida del 2% más un 1,5% adicional, mientras que para el año 2023 se prevé un incremento del 2,5% con opción a dos subidas del 0,5% una en función del PIB y otra del IPC. Para el año 2024 se ha acordado una subida del 2% más un 0,5, lo que elevaría el gasto de personal en un 9,5% finalmente. El gasto en el Ingreso Mínimo Vital asciende a 1.200 millones, también se prevé una subida de 102 millones para el abono social térmico, lo que totaliza un gasto presupuestario de un 35,4% superior respecto al año 2018 con Mariano Rajoy.
Los gastos en pensiones representan 190.687 millones de euros (39,2% del total), el coste de la deuda pública 31.275 millones (6,4%) y los gastos de personal 20.502 millones de euros (4,2%), lo que totalizan la cifra de 242.464 millones, es decir la mitad del gasto público (49,8%).
Sin embargo, la Autoridad Fiscal (AIRef) prevé un déficit público se mantenga en un 4,6% del Pib en 2023, dado que “también hay una falta de realismo en la parte del gasto: tenemos un escenario que no contempla ninguna prórroga de las medidas que se han adoptado contra la crisis energética”, al mismo tiempo que aquella Autoridad añade que la precisión de ingresos no es realista. No es creíble que el gasto en desempleo baje en un -5,3% hasta los 21.278 millones de euros (-1.179 millones de euros), a pesar de la recesión económica, de modo que el empleo se incrementaría en un 0,6% en 2023 (2,9% en 2022), cuando al mismo tiempo se prevé una subida del importe del IPREM en un 3,6%, lo que eleva esta renta a 600 millones de euros mensuales (7.200 euros anuales), un índice que se tiene en cuanta para el cálculo del subsidio de desempleo y otras prestaciones. Junto con la subida del salario mínimo de 1.000 a 1.500 euros que deberá tenerse en cuenta en materia de desempleo por el SEPE.
Por último, las subidas de los tipos de interés para frenar la inflación determinarán que los gastos financieros de la deuda se incrementen hasta los 31.275 millones de euros en 2023 (+3,5%), por lo que las emisiones de deuda llegarán hasta 256.900 millones de euros, de forma que la deuda pública se situará en el 112,4% del PIB. Una previsión del pago de intereses insuficiente cuando el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos en un 0,75%.
El Proyecto prevé un aumento de los ingresos públicos de la mano del IRPF y del IVA, las dos figuras más importantes de nuestro sistema tributario. Si en el año 2021 el total de los ingresos no financieros (tributarios y no tributarios) ascendieron a 253.800 millones de euros (270.671 millones € en 2022), el Proyecto prevé la cantidad de cerca de 290.000 millones, un incremento del 7% respecto a 2022 (14% respecto a 2021).
La recaudación del IRPF y del IVA alcanzará 30.000 millones de euros más que en 2021 por el estado del mercado laboral y por el efecto de la inflación. Los ingresos previstos del IRPF para el año 2023 se cifran en 113.123 millones de euros (un 7,7% más que en 2022) y por el IVA en 86.093 millones de euros (un 6% más que en 2022). Un incremento previsto de recaudación por el aumento de las pensiones, las retribuciones salariales y el efecto de la inflación. Igualmente subirán los ingresos en 2023 por el aumento del consumo consecuencia del incremento de los precios, es decir de la inflación (en La primera parte del año 2022, se incrementó la recaudación en un 19% -al menos un 50% por el efecto de la inflación-). Cuando el IRPF y el IVA representan el 70% de la recaudación total prevista para el año 2023, mientras que Hacienda ingresará en 2022 por el IRPF 105.000 millones de euros (+11% más que en 2021) y por el IVA 81.000 millones de euros (+ 12%).
Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades se prevé que subirán en un 7,7% en 2023, hasta los 28.000 millones de euros, mientras que los Impuestos Especiales en un 8% hasta alcanzar otros 22.000 millones de euros, a los que hay que sumar los ingresos por el nuevo Impuestos sobre el Plástico y sobre las Grandes Fortunas y por los 7.000 millones de euros por el nuevo gravamen en los sectores energético y bancario. Unos ingresos que deberán compensar la rebaja del IRPF para las rentas más bajas y los descuentos sobre autónomos y a las pequeñas empresas. No obstante, los ingresos previstos de la fiscalidad verde alcanzarán los 1.500 millones de euros con un 384% más, los impuestos de la electricidad recaudarán 1.364 millones de euros (un + 568%) por el efecto de la inflación (a pesar de que el tipo impositivo bajo del 5,1% al 0,5%), y el Impuesto sobre Hidrocarburos aportará 13.125 millones de euros con un una subida del 3,8%.
Sin embargo, la Autoridad Fiscal Independiente (AIRef) ha aventurado que la economía tendrá incremento negativo durante el último trimestre de 2022 y el inicio del año 2023, por lo que la recuperación de los niveles del PIB previos a la pandemia no llegará hasta mediados del año 2024, lo que exigirá un plan presupuestario distinto el próximo año al fijado por el Gobierno.
El Gobierno ignora el frenazo actual de la actividad económica, con el peligro de que el déficit público se estanque en el 3% (4,6%, si se mantienen las bonificaciones al precio de la energía) y la deuda se mantenga en el 110% del PIB, de hecho aquella Autoridad prevé una disminución de los ingresos respecto a 2022 de –9.000 millones de euros, es decir que el proyecto de Presupuestos para el año 2023 nace viciado cuando el crecimiento de la economía será del 1,5% el próximo ejercicio con el aumento del paro consecuentemente. La no deflactación de la tarifa del IRPF determinará un aumento de la recaudación de 6.200 millones de euros desde el año 2022 (4.000 millones en 2023), una recaudación que recaerá sobre las clases medias. En efecto, el conjunto de los ingresos públicos sobre el PIB se incrementará hasta el 43,5%, es decir la presión fiscal se incrementará en 2023 desde el 42,1% al 42,3% o al 43,5%.
Por otra parte la AIRef cifra la sobrerecaudación en 30.000 millones de euros en 2022 (sin que se haya deflactado la tarifa del IRPF) y al mismo tiempo que en 2023 no contempla 21.500 millones de euros que costaría prorrogar las medidas adoptadas para paliar el aumento del precio de la energía con un coste del 1,2% del PIB. El coste de los Decretos de marzo, junio y agosto ha sido 15.772 millones de euros: sumando los 4.051 millones por la pérdida de ingresos, por la rebaja de la fiscalidad de la luz y el gas, los 4.531 millones de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes y los 7.190 millones por el resto de las ayudas en 2022. Por tanto, la desaceleración económica puede llevar al PIB a terreno negativo y generar un déficit público del 4,6%.
En definitiva el cuadro macroeconómico para el año 2023 no es creíble, al propio tiempo que se prevé que el aumento del gasto social se emplee como pantalla para atraer votantes en las próximas elecciones. En efecto, 14 millones de españoles se benefician de subvenciones y de prestaciones públicas, el 38% del censo electoral: pensionistas, perceptores del Ingreso Mínimo Vital, de los bonos sociales al transporte, de las ayudas para rebajar el coste de la energía y por el alquiler o el bono cultural, en un momento de posible estanflación. El Gobierno prevé un crecimiento del 2,1%, mientras que la OCDE pronostica el 1,5 y el Banco de España del 1,4%, lo que generará una disminución de los ingresos públicos y un aumento del déficit. Falta en definitiva una mejor gestión del gasto público que permita poner la ayuda fiscal downde verdaderamente se necesita, un gasto que no acompañará el actual ciclo económico, es decir se omiten medidas contundentes para apoyar la actividad económica y la productividad a medio plazo y auténticas para las generaciones más jóvenes. En este momento el debate ha de centrarse en cómo repartir el coste de la inflación y lo que se piensa es repartir “más leña”, con poca incidencia económica y un evidente peligro de incrementar los precios. Se habla de introducir nuevas figuras tributarias con alto contenido ideológico, pero con una escasa incidencia económica que mejore la inversión empresarial y los niveles de empleo de los jóvenes. ¡Que Dios nos coja confesados!
