En la financiación de las Comunidades Autónomas se puede distinguir, la etapa del Coste Efectivo entre 1980 y 1986, donde el Estado procedía a financiar las competencias de las Comunidades mediante las oportunas transferencias; y la etapa de la Autonomía del Gasto de 1987 a 1996, se autorizó a las Comunidades a decidir sus propias políticas de gastos. En la tercera etapa de la Autonomía del Ingreso, 1997/2001, se procedió a la cesión de una serie de ingresos tributarios por parte del Estado, que fue culminada en el modelo de financiación 2002/2009, con la participación de las Comunidades en el I.R.P.F., I.V.A e Impuestos Especiales. Un proceso que ha tendido su continuación en el modelo actual, que constituye el resultado del reconocimiento de una mayor capacidad de decisión sobre las políticas de gastos e ingresos por parte de las Comunidades Autónomas. Por ello, no se entiende que ahora el Gobierno proyecte penalizar a aquellas Comunidades Autónomas que han ejercicio sus competencias legítimamente en este caso respecto del Impuesto sobre el Patrimonio.

En efecto, se han hecho públicas recientemente las enmiendas a la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, entre las cuales se encuentra la enmienda referente a la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem–Galicia en Común. Un impuesto temporal, con vigencia prevista para los ejercicios 2022 y 2023, al propio tiempo que un gravamen complementario del vigente Impuesto sobre el Patrimonio, de ahí el revuelo mediático y político.

La nueva figura tributaria tendría sus antecedentes en el impuesto francés sobre las grandes fortunas, de hecho en la justificación de la enmienda se indica que el objetivo es garantizar que “las elevadas fortunas contribuyan” al sostenimiento de los gastos públicos. Un Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas que se configura como un impuesto complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, en definitiva un gravamen no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, y que sujetará a tributación con una cuota adicional los patrimonio de las personas físicas de cuantía superior a los 3.000.000 de euros. Un gravamen complementario que generaría una doble imposición dado que el actual Impuesto sobre el Patrimonio gravaría el mismo hecho imponible, la titularidad de un patrimonio. En definitiva, el nuevo tributo tendría una doble finalidad, la recaudatoria, exigir un mayor esfuerzo fiscal a los detentadores con un patrimonio importante y como muestra de la solidaridad de las grandes fortunas en unos ejercicios donde se sufre el efecto de la inflación y la crisis energética, con unos ingresos previstos de 1.500 millones de euros anuales.

impuesto 2018 base imponible
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Y sin embargo, la segunda finalidad resulta más evidente, someter a tributación a los patrimonios de las personas físicas residentes en aquellas Comunidades Autónomas en que se ha bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio, como la Comunidad de Madrid. Una función armonizadora del nuevo tributo muy discutible también desde el punto de vista constitucional.
La enmienda no esconde que el nuevo impuesto intenta “disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han suprimido, total o parcialmente, el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto”. Una función armonizadora por la vía rápida que podría claramente entrar en conflicto con la autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas reconocida en el artículo 156 de la Constitución.
En efecto, el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas establece cómo se realiza una cesión de un tributo, en el sentido de que se producirá “la cesión cuando haya tenido lugar en virtud del precepto expreso del estatuto correspondiente”, como por el ejemplo la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por la que se procede a la cesión del rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a nuestra Comunidad.
La Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, ha sido la que ha fijado el régimen de cesión del Impuesto sobre el Patrimonio con la remisión al artículo 47 de la mencionada Ley a) Mínimo exento; b) Tipo de gravamen; c) Deducciones y bonificaciones de la cuota.
En definitiva, la figura tributaria nueva del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas afectaría a la autonomía tributaria de aquellas Comunidades donde en el ejercicio de su autonomía tributaria sobre los impuestos cedidos han bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio. Una autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas, garantizada por los artículos 156 y 157.3 de la Constitución Española, que quedaría afectada gravemente por el nuevo Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuando los propios Estatutos de Autonomía, “la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma” de acuerdo al artículo 147.1 de nuestra Constitución, recogen la capacidad normativa de las Comunidades para la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio de aquella autonomía tributaria.

impuesto 2018 cuota integra
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En segundo lugar, tradicionalmente se ha afirmado que el Impuesto sobre el Patrimonio genera una doble imposición, ya que se gravaría el ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, a su vez, en el Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la prohibición de la doble imposición ha de circunscribirse a la prohibición de duplicidad de hechos imponibles (SSTC 37/1987; 49/1995; y 194/2000). Por tanto, sí que podríamos apreciar la existencia de una doble imposición entre el Impuesto del Patrimonio y el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En efecto, el artículo 3 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, señala que “Constituirá el hecho imponible del Impuesto la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo”, mientras que el Proyecto señala que el hecho imponible Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas estará constituido por la titularidad de un patrimonio neto superior a 3.000.000 millones de euros en el momento del devengo. Es decir hay una coincidencia de hechos imponibles claramente entre ambas figuras tributarias. Una conclusión que no queda enervada por el hecho que la cuota tributaria Impuesto del Patrimonio sea deducible de la cuota a pagar del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Por otra parte, España es el único país de la Unión Europea que cuenta con un tributo sobre el patrimonio neto. Un gravamen que solo resulta comparable a los existentes en Noruega y Suiza, mientras que en Luxemburgo el impuesto somete a gravamen al patrimonio de las sociedades y recauda un 7% de los impuestos locales.
En Noruega el Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio de las personas físicas con un tipo impositivo del 0,95% y cuyo importe supere los 195.000 euros, mientras que para los patrimonios con un valor superior a 2,4 millones de euros el tipo impositivo se incrementa hasta el 1,1%. Mientras que en Suiza, el gravamen difiere según los cantones, aunque existe una regulación armonizada estatal, y recae sobre las personas físicas. No obstante, la recaudación es competencia de los municipios que pueden establecer un recargo sobre el tributo del cantón donde están situados. Además el antecedente del tributo proyectado, el Impuesto de la Solidaridad a las Fortunas y creado en Francia en el año 1989, fue suprimido en 2018 por el gobierno de Emmanuel Macron. Un gravamen sustituido por el Impuesto que recae sobre Fortuna Inmobiliaria (IFI), que grava el valor neto de los activos inmobiliarios si supera 1,3 millones de euros, con un tipo impositivo que puede llegar al 1,5% en función del indicado valor.

El gravamen temporal energético es un 1,2 % del importe de la cifra de negocios del año anterior, lo que supone una doble imposición, al estar también sometidos al Impuesto de Sociedades

En definitiva, el nuevo gravamen previsto nacería con grandes dudas de inconstitucionalidad, dado que las Comunidades Autónomas que hayan bonificado la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, han ejercitado una competencia legítima, que ahora no puede enturbiarse con la creación de un nuevo gravamen, lo que afectaría a la autonomía financiera y tributaria de aquellas Comunidades Autónomas. Al mismo tiempo que el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas detentan el mismo hecho imponible, la mera titularidad de un patrimonio neto.
Por último, la subida al tipo impositivo al 27% y al 28% de la tributación de las rentas de capital en el I.R.P.F. en 2023, para los tramos superiores a 200.000 y 300.000 euros, respectivamente, no es compatible con la idea de la instauración de un gravamen complementario sobre el patrimonio.
Un impuesto temporal sobre el patrimonio que se sumará a las previstas prestaciones patrimoniales de carácter público sobre el sector energético y sobre las entidades de crédito. Estos dos gravámenes pueden generar una doble tributación en relación con el Impuesto sobre Sociedades y atentar contra el principio constitucional de seguridad jurídica, dado que se trataría de dos verdaderas figuras tributarias. El gravamen temporal energético gravará con un 1,2% el importe de la cifra de negocios que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias del año anterior, calculada sobre la base de la normativa contable. No obstante, sobre esa cifra de negocios estarían incluidos los beneficios gravados en el Impuesto sobre Sociedades por lo que se ocasionaría esa doble imposición, al mismo tiempo que si la entidad con una determinada cifra de negocios obtiene en los ejercicios 2023 y 2024 unas pérdidas, se estaría gravando una capacidad económica inexistente, dado que nos encontraríamos ante una nueva figura tributaria.
Por su parte, el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito someterá a tributación el 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año anterior, determinada de acuerdo a la normativa contable. De nuevo, se gravarían unos beneficios sometidos a tributación y unos ingresos netos que no acreditarían el reflejo de una capacidad económica efectiva en el caso de una entidad con pérdidas, en los ejercicios anteriores al momento de pago, o en los propios años 2023 y 2024 donde surge la obligación de pago, infringiéndose el principio de capacidad económica así como también el principio de no retroactividad de las normas jurídico tributarias en perjuicio del contribuyente, al margen de atentar contra el principio de seguridad jurídica.
Unas nuevas figuras impositivas motivadas por consideraciones políticas, que esconden la gravedad de la actual crisis económica y la necesidad de modificar el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para que aporte nuevos recursos a las Comunidades con problemas de despoblación y atraso económico, mientras que en el reparto del pastel presupuestario realizado esta semana son nuevamente marginadas. España es uno de los países de Europa con mayores diferencias regionales en niveles de renta y riqueza, que ponen en peligro la viabilidad nuestro sistema regional.
Por otra parte, aquellas medidas olvidan la necesidad de fomentar un crecimiento económico el próximo año 2023, previsto en un 1,3 % por la OCDE y con una inflación del 5%, con el apoyo firme a empresas y familias. El aumento de la reducción en el I.R.P.F- a los perceptores de rendimientos de trabajo con ingresos entre 15.000 y 21.000 euros, marginará de nuevo a una clase media muy afectada por el aumento constante de la presión tributaria. Una clase media formada por 7,5 millones de los 21 millones de contribuyentes, que perciben rendimientos entre 22.800 y 61.000 euros, y condenada a soportar la “progresividad en frío”, el aumento del tipo impositivo aplicado por el efecto simple de la inflación. En definitiva, urge la necesidad de reformar nuestro sistema tributario a fin de modernizar sus figuras impositivas y dotar a ese sistema de mayores niveles de justicia como exige el artículo 31 de la Constitución.