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Los tractores se pasean en manifestación por las calles de Valladolid./ ICAL

Medio centenar de tractores y muchos más vehículos respondieron hoy a la convocatoria de la organización profesional agraria UCCL para manifestarse recorriendo las principales calles de Valladolid, con el objetivo de “presionar al Gobierno central” y exigirle que la nueva Política Agraria Común (PAC) para los años 2023-2027 “priorice a los agricultores profesionales que estén dados de alta en la Seguridad Social”. El recorrido inicialmente previsto tuvo que modificarse ligeramente por una grúa que impedía el paso a la comitiva, que no pudo pasar por delante de la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, como era su intención.

Como explicó el presidente de UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no introduce cambios en el documento que maneja actualmente, los profesionales saldrán “peor parados” de lo que están, “al contrario de lo que pretendía esta reforma de la PAC”. “Muchos países atendieron la idea de priorizar a quien tiene la agricultura como su actividad principal” ya con la anterior reforma de la PAC, pero España “no fue el caso” y pese a que, con esta nueva reforma, el ministro de Agricultura parecía dado a realizar dicha modificación, “en el último mes y medio ha cambiado completamente de opinión” y pretende permitir “que reciba la ayuda, como agricultor genuino, todo aquel que cobre menos de 5.000 euros”.

Eso ha abierto la puerta a todos los agricultores que no son profesionales, según defienden desde UCCL, que aclaran que no están en contra de que un agricultor profesional, por pequeño que sea, cobre la PAC, si bien temen que con esta medida el 99 por ciento de los que se verán beneficiados no pagarán Seguridad Social agraria, lo que a su juicio desvirtúa completamente los pagos compensatorios de la PAC. Para la organización, la reforma de la PAC que está planteando el Gobierno de España “va a tener efectos adversos y bastante perversos” para los agricultores profesionales, porque provocará que “muchas explotaciones se vayan a partir y desprofesionalizar” para beneficiarse de que “el máximo dinero por hectárea lo va a cobrar el que tenga una explotación pequeña”.